La protección del patrimonio histórico y su conexión con el régimen urbanístico han sido tratados en un curso organizado por el Servicio de Formación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el Auditorio del Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela. Las jornadas, que comenzaron el 24 de abril y se clausuraron hoy, estuvieron dirigidas por la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) María Dolores Rivera Frade y reunieron a jueces y magistrados procedentes de diferentes comunidades autónomas, así como a juristas y especialistas en la materia de distintos ámbitos como el administrativo, el universitario o el eclesiástico.

El objetivo de la iniciativa, que forma parte de la apuesta del CGPJ por impartir a los miembros de la carrera judicial una formación continua, especializada y de calidad, fue analizar los mecanismos de protección del patrimonio cultural, entre ellos la necesidad de regular las visitas a los bienes de interés cultural para preservar su conservación.

En el curso también se trataron cuestiones de relevancia en el ámbito urbanístico, tales como la necesidad de trasladar la protección del patrimonio cultural a los instrumentos de planeamiento urbanístico o la de conciliar las competencias estatales, autonómicas y municipales. Además, se analizó el alcance de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y las consecuencias jurídicas derivadas de la inobservancia o incumplimiento de la ley como, por ejemplo, el ejercicio de la potestad sancionadora.

La magistrada del TSXG que dirigió las jornadas destacó que celebrarlas en el Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela, ciudad declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco, supuso “un valor añadido a toda la formación”. Rivera indicó que se tuvo en cuenta que Santiago es “una ciudad de peregrinación”, por lo que la iniciativa contó con una mesa redonda para ensalzar la importancia de los caminos.

“Acontecimientos como el incendio de la catedral de Notre Dame suponen un perjuicio que traspasa fronteras. El patrimonio cultural de cada país constituye una aportación a la cultura universal y, por ello, todo lo que suponga su deterioro o destrucción afecta a toda la comunidad internacional”, resaltó la directora del curso, quien recordó las pintadas que sufrieron la catedral de Santiago y la iglesia de Maside.

“Claro que las leyes contemplan mecanismos para reaccionar frente a estas conductas, uno de ellos son las sanciones, pero yo creo que los poderes públicos deberían de invertir más esfuerzos en la educación y concienciación de la ciudadanía, pues si esto se consigue ya no tendría que entrar en juego la potestad sancionadora o, al menos, cumpliría una función residual”, señaló Rivera.