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Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 93,3 por ciento y los derivados del impago del alquiler, un 92,6. Los concursos se redujeron en un 35,6 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Se presentaron un 27,2 por ciento menos demandas por despido, mientras que las de reclamación de cantidad bajaron un 50,4 por ciento
Las medidas asociadas al estado de alarma a consecuencia del COVID tuvieron un profundo efecto en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2020. El mayor impacto se observó en los lanzamientos. El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2020 (13) fue un 92,2 por ciento inferior al del mismo trimestre de 2019, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.
La disminución interanual de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias fue del 93,3 por ciento; los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 92,6 por ciento.
En el trimestre analizado se presentaron 37 ejecuciones hipotecarias, un 48,6 por ciento menos que en el primer trimestre de 2019.
El número de concursos presentados entre el 1 de abril y el 30 de junio, contabilizando los presentados en los juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción, fue de 29, un 35,6 por ciento menos con respecto al segundo trimestre de 2019.
Las demandas por despido disminuyen un 27,2 por ciento
En el segundo trimestre de 2020 se presentaron 230 demandas por despido, un 27,2 por ciento menos que en igual trimestre de 2019.
En cuanto a los procedimientos monitorios en el segundo trimestre de 2020 se han presentado en los Juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción 2.602, lo que supone una disminución interanual del 28,4 por ciento.
Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En el segundo trimestre de 2020 ingresaron 5, se resolvieron 3 y quedaron en trámite 30, mientras que en el mismo periodo del año anterior habían ingresado 11, se resolvieron 5 y quedaron pendientes 22.
Los datos estadísticos completos correspondientes al segundo trimestre de 2020 y las series completas desde 2007 están disponibles en el siguiente enlace: