La actividad de los órganos judiciales entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados se ha visto claramente afectada por la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y ha disminuido en el conjunto de la Comunidad Autónoma un 34,3 por ciento. Los datos, recogidos en el “Informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales” en el segundo trimestre de 2020, han sido difundidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial.

La desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales.

Los tres meses con mayor incidencia

El trimestre analizado en este informe corresponde al más afectado hasta ahora por la situación sanitaria y la declaración del estado de alarma. Durante este periodo, tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales 18.308 asuntos, una cifra que supone una disminución del 34,3 por ciento respecto a igual trimestre del año anterior.

En el mismo trimestre, los tribunales extremeños resolvieron un total de 15.049 asuntos, un 46,2 por ciento menos que un año antes; por su parte, los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre sumaron 51.558, cifra que supone un incremento interanual del 7,2 por ciento.

En la jurisdicción Civil ingresaron 7.501 asuntos, un 32,2 por ciento menos respecto a los ingresados en el mismo trimestre del año anterior. Se resolvieron 5.882 asuntos, un 49,4 por ciento menos, y quedaron en trámite 31.201, un 4,2 por ciento más que al final del segundo trimestre de 2019.

En la jurisdicción Penal tuvieron entrada 9.612 asuntos, dato que supone una disminución interanual del 34 por ciento; se resolvieron 8.399 asuntos (un 41,2 por ciento menos) y quedaron en trámite 15.155 asuntos (un 9 por ciento más que en el mismo trimestre de 2019).

La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, la más afectada

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se registraron 338 nuevos asuntos, con una disminución interanual del 46,8 por ciento. Se resolvieron 250 asuntos, lo que supone un 22,1 por ciento menos que el año anterior, y quedaron en trámite 1.558 asuntos, un 3,2 por ciento menos.

La jurisdicción Social ingresó 857 asuntos, un 46,4 menos que en el mismo trimestre de 2019. Se resolvieron 518 asuntos, un 65,1 por ciento menos, y quedaron en trámite 4.044 asuntos, un 32 por ciento más.

Tasa de litigiosidad

La declaración del estado de alarma y la suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la crisis sanitaria también tiene su reflejo en los datos referidos a la litigiosidad. La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha de 22,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, 11,3 puntos más baja que la registrada en el mismo trimestre de 2019.

Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (31), Murcia (26,1), Andalucía (25,1), Illes Balears y Cantabria (22,9), Madrid (22,7), C. Valenciana (22,6) y Asturias(22,5). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (14,3), y País Vasco (16,2) y Extremadura (17,2) (*).

(*) Cálculos realizados sobre las cifras de población del INE, provisionales, a 1 de enero de 2020.

Puede consultar la totalidad de los datos correspondientes al segundo trimestre de 2020 en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/