La Comunidad Autónoma de Extremadura cuenta a partir de hoy con un Protocolo  para la Prevención y Atención de la Violencia Sexual, que ha sido aprobado en el seno de la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en Extremadura de la que forma parte el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 

La presidenta del TSJ de Extremadura, María Félix Tena Aragón, en declaraciones a los medios previas a la reunión, ha destacado el acompañamiento que va a tener la víctima en todo el proceso y no sólo hasta la terminación del proceso judicial. 

Asimismo, ha incidido en que el protocolo distingue la atención en función de la tipología de la víctima, teniendo en cuenta si son víctimas menores de edad, con una discapacidad o ya sean inmigrantes. 

Además ha destacado la labor de coordinación entre las distintas instituciones como la Consejería de Igualdad, la Delegación de Gobierno y la Administración de Justicia entre otras para trabajar en la prevención y atención a las víctimas de esta “lacra social”. 

El protocolo que ha sido elaborado por el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) e impulsado por la Consejería de Igualdad de la Junta de Extremadura  tiene como objetivos prevenir y actuar ante la violencia sexual en Extremadura, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para proteger y dar una respuesta integral adecuada, garantizando los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual. 

También se establece un marco común sobre la violencia sexual entre las diferentes instituciones públicas de Extremadura desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. Asimismo, se definen las pautas básicas para la detección, prevención y actuación en casos de la violencia sexual y se mejora la coordinación interinstitucional y respuesta frente a la violencia sexual, estableciendo una ruta para la derivación y atención especializada en casos de violencia sexual que garantice los derechos de las víctimas. 

Este protocolo está dirigido especialmente para proteger y garantizar los derechos de las mujeres, las menores, jóvenes y adolescentes en caso de violencia sexual. Se constituye como un instrumento fundamental para la prevención de la violencia sexual dirigida a toda la población de Extremadura e incluye, entre otros aspectos, las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la violencia sexual y los derechos de las víctimas de este tipo de violencia.