Después del impacto que el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene tuvieron en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2020, en el tercer trimestre del año se aprecian la reactivación de la actividad y los efectos de la crisis económica provocada por el COVID-19.

Según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” hecha pública hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, uno de los procedimientos que se vieron más afectados en la Comunidad Autónoma de Extremadura fueron las reclamaciones de cantidad que se han visto incrementadas en un 35 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 527 demandas presentadas.

Las demandas por reclamación de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social incluyen responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo y sanciones disciplinarias

En cuanto a los concursos presentados en el tercer trimestre del año, sumando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, se alcanzó la cifra de 32, dos más que en el mismo periodo del 2019, con un incremento del 6,7 por ciento.

En el tercer trimestre de 2020, por su parte, también aumentaron las demandas por despido. Se presentaron un total de 510, un 9,9 por ciento más que en igual trimestre de 2019.

Los procedimientos monitorios aumentaron un 10,9 por ciento

En el tercer trimestre de 2020 se presentaron en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción 3.582 procedimientos monitorios, lo que supone un incremento interanual del 23,8 por ciento.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Los lanzamientos descendieron un 21,7 %

El número global de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2020 ascendió a 83, dato que refleja un descenso del 21,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Los procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) fueron 55 y supuso un descenso del 22,5 por ciento.

Con respecto a las ejecuciones hipotecarias, durante el tercer trimestre de 2020, se presentaron 48, las mismas que en el mismo periodo del año anterior.

Acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas)

En el tercer trimestre de 2020 ingresaron en los juzgados especializados 200 asuntos de esta naturaleza; se resolvieron 837, quedando en tramitación 6.012. Se dictaron 804 sentencias, el 99,9 por ciento de las cuales fueron estimatorias.

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas modificó el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el tercer trimestre de 2020 ingresaron ingresado 6, cifra similar a la del mismo trimestre de 2019 en el que ingresaron 9; habiéndose resuelto 7 y en el mismo periodo del año anterior 7.º

Puede consultar los datos estadísticos correspondientes al tercer trimestre de 2020 y las series completas desde 2007 en la siguiente dirección:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/