La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha ordenado prisión eludible con fianza de 15.000 euros para la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, condenada el pasado viernes a 9 años de prisión por los delitos de prevaricación administrativa, malversación  y cohecho pasivo.

Se trata de una medida cautelar, a la espera de que el Tribunal Supremo vea los recursos contra la sentencia que consideró probado que amañó contratos para favorecer a las empresas de la trama Gürtel con las adjudicaciones para el montaje del expositor de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

Martínez deberá comparecer dos veces al mes ante el Tribunal, se le prohíbe salir del territorio nacional y se le retira el pasaporte.

Los magistrados destacan la “participación activa en la importante defraudación de fondos públicos objetos de las actuaciones, así como la manipulación del procedimiento de contratación pública”, pero señalan que “no nos constan que de ello se haya podido derivar un enriquecimiento personal” salvo el reloj con el que fue obsequiada por la trama Gürtel. Respecto a este regalo, la Sala considera que “su valor resulta totalmente desproporcionado con el monto total de lo defraudado, que hace pensar en un cierto agradecimiento de los miembros de la trama, pero no desde luego, que fuera el fin propuesto con su actuación”.

Esto, según recoge el auto, “hace que no concurran las mismas circunstancias que con otros de los condenados, haciendo que se disipe el riesgo de fuga alegado, como igualmente lo hace que no le constan especiales medios de fortuna ni intereses fuera del territorio nacional”.

El Tribunal acuerda la libertad provisional sin fianza del exjefe de gabinete de la exconsellera, Rafael Betoret, condenado a 6 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad, a quien le impone la obligación de comparecer una vez al mes ante el Tribunal, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.

Con estas medidas, entiende la Sala, queda conjurado el riesgo de fuga ya que “es cierto que ha recaído una condena en su contra, mas no se nos ha llegado a exponer suficiente razón de peso que haga temer por su parte en un intento de evasión, más que el genérico temor a la pena”.

Los mismos argumentos utiliza el TSJCV para rechazar el ingreso en prisión provisional del exjefe de mercados de la Agencia Valenciana de Turismo, Isaac Vidal. También queda en libertad provisional sin fianza. Condenado a 7 años de cárcel, los tres magistrados que integran el Tribunal le imponen  la obligación de comparecer una vez al mes, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.

En las “vistillas” sobre medidas cautelares, celebradas hoy, las acusaciones han solicitado la prisión provisional comunicada sin fianza para estos Martínez, Betoret y Vidal. Sin embargo, el Tribunal considera que no concurre riesgo de fuga y opta por imponer otras medidas cautelares que garantizan que los condenados están a disposición del Tribunal y les permite seguir en libertad hasta que el Supremo resuelva los eventuales recursos contra la sentencia del TSJCV.

Además de las comparencias de Martínez, Betoret y Vidal, el TSJ  ha celebrado las  “vistillas” para decidir sobre la situación personal de los técnicos de la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana, Jorge Guarro y Ana María Grau.

Respecto de Jorge Guarro, condenado a 4 años de cárcel, y Ana Grau, condenada a tres años, la Sala, de conformidad con la petición de la Fiscalía, ha acordado la libertad provisional, con la obligación de comparecer ante el Tribunal una vez al mes, prohibición de salir del territorio nacional y retirada del pasaporte. 

Prisión para los “cabecillas” de Gürtel

El TSJ acordó ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, para Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, considerados los cabecillas de la trama Gürtel, sin esperar a que la sentencia, que les impone penas de 12 y 13 años de cárcel por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación, cohecho y falsedad, sea firme.

La Sala entendió que existía riesgo de que Correa (condenado a 13 años de cárcel), su número dos, Pablo Crespo (condenado a 13 años y 3 meses de cárcel), y el responsable de la organización en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez (condenado a 12 años y 3 meses de prisión) se fugaran y se sustrajeran a la acción de la Justicia si se les permitía esperar en libertad el pronunciamiento del Supremo.  

De conformidad con el criterio de las acusaciones, los tres magistrados tuvieron en consideración la gravedad de la pena impuesta y los otros procedimientos penales en los que están incursos los tres condenados.

Correa, Crespo y Pérez comparecieron individualmente ante la Sala de lo Civil y Penal en la “vistilla” prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la situación personal de los condenados.

La Sala además impuso ayer medidas cautelares a los otros tres miembros de la trama Gürtel condenados. Rechazó la petición de la fiscalía para que Isabel Jordán, condenada a 6 años de prisión, ingresara en prisión de manera inmediata. Los Magistrados no apreciaron riesgo de fuga, por lo que acordaron su libertad provisional sin fianza, con la obligación de comparecer cada quince días ante el Tribunal. Además se le prohíbe salir del territorio nacional y se le retira el pasaporte.

Para Cándido Herrero, condenado a cuatro años y cuatro meses de cárcel, el Ministerio Público pidió prisión eludible con fianza de 50.000 euros. Sin embargo la Sala consideró suficiente la adopción de otras medidas, y dictó libertad provisional sin fianza, con la obligación de comparecer una vez al mes ante el Tribunal. Además se le prohíbe salir del territorio nacional y se le retira el pasaporte. El Tribunal acordó las mismas medidas cautelares para Mónica Magariños, condenada a tres años de cárcel, para quien la fiscalía no pidió prisión.

Penas de más de 13 años

La sentencia hecha pública el viernes pasado, condena a la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a los considerados “cabecillas” de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo, a varios exaltos cargos y técnicos de la Administración Autonómica y a trabajadores de las empresas de Correa por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

La Sala ha absuelto a la exconsellera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, exjefe de servicio de infraestructuras turísticas de la Conselleria, de prevaricación administrativa, único delito por el que estaban acusados.

En la sentencia, el Tribunal, considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

El grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.

Las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

Tales importes eran admitidos por la Administración Autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa.

Estas mercantiles, según recoge la sentencia de 558 páginas, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos, contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

 

La sentencia recoge las siguientes penas para los condenados:

FRANCISCO CORREA: 13 años de prisión

Asociación ilícita

 3 años de prisión

 13.500 euros de multa

 9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)

        1 año de prisión

        Multa de 3,9 millones de euros

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

6 años de prisión

10 años de inhabilitación absoluta 

Cohecho activo

         3 años de prisión

Multa de 5.000 euros

8 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

 

PABLO CRESPO SABARIS: 13 años y 3 meses

Asociación ilícita

 2 años y 6 meses de cárcel

 Multa de 11.250 euros

 7 años y seis meses de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)

        1 año de prisión

        Multa de 3,9 millones de euros

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

6 años de prisión

10 años de inhabilitación absoluta 

Falsedad documental

        1 año y 9 meses de prisión

        Multa de 6.750 euros

Cohecho activo

         2 años de prisión

Multa de 2.400 euros

7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

 

ÁLVARO PÉREZ ALONSO: 12 años y 3 meses de cárcel

Asociación ilícita.

18 meses de prisión.

 Multa de 11.250 euros

Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)

        1 año de prisión

        Multa de 3,9 millones de euros

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

6 años de prisión

10 años de inhabilitación absoluta 

Falsedad documental

        1 año y 9 meses de prisión

        Multa de 6.750 euros

Cohecho activo

         2 años de prisión

Multa de 2.400 euros

7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

 

ISABEL JORDÁN  6 años de prisión

Asociación ilícita

18 meses de prisión

Multa de 11.250 euros

Prevaricación administrativa

7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Tráfico de influencias 

ABSUELTA

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

3 años de prisión

7 años de inhabilitación absoluta

Falsedad documental

        1 año y 6 meses de prisión

        Multa de 6.000 euros

 

CÁNDIDO HERRERO MARTÍNEZ 4 años y cuatro meses de cárcel

Asociación ilícita

16 meses de prisión

5.850 euros de multa.

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Tráfico de influencias 

ABSUELTO

Malversación de caudales públicos 

1 año y 6 meses de prisión

3 años de inhabilitación absoluta

Falsedad documental

        1 año y 6 meses de prisión

        Multa de 3.600 euros

 

MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ 3 años de prisión

Asociación ilícita

12 meses de prisión

1.800 euros de multa

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Tráfico de influencias 

ABSUELTA

Malversación de caudales públicos 

2 años de prisión

5 años de inhabilitación absoluta

 

MILAGROSA MARTÍNEZ 9 años de prisión

Prevaricación administrativa

9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos 

6 años de prisión

10 años de inhabilitación absoluta 

Cohecho pasivo

        3 años de prisión

        5.000 euros de multa

8 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

 

RAFAEL BETORET 6 años de prisión

Prevaricación administrativa

7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos y falsedad documental 

6 años de prisión

10 años de inhabilitación absoluta 

 

ISAAC VIDAL 7 años de prisión

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos 

4 años de prisión

10 años de inhabilitación absoluta

falsedad documental

3 años de prisión

2.700 euros de multa

2 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

 

 

JORGE GUARRO 4 años de prisión

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos 

4 años de prisión

10 años de inhabilitación absoluta

 

ANA GRAU 3 años de prisión

Prevaricación administrativa

4 años, tres meses y un día de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Falsedad documental

3 años de prisión

900 euros de multa

2 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Malversación de caudales públicos

ABSUELTA

 

ANGÉLICA SUCH

Prevaricación administrativa

ABSUELTA

 

JUAN BOVER

Prevaricación administrativa

ABSUELTO

 

La Sala condena además, a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal y Jorge Guarro a indemnizar solidariamente a la Generalitat Valenciana con 272.000 euros.

La sentencia establece la responsabilidad subsidiaria de las mercantiles Orange Market, Easy Concept Comunicación, Boomerangdrive y Servimadrid Integral, que deberán hacer frente al pago de dicha indemnización si los condenados anteriormente citados no abonan la parte que les corresponde.

La Sala de lo Civil y Penal prohíbe contratar con el sector público a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau por lo que se acuerda comunicar la sentencia a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y al órgano equivalente en la Comunidad Valenciana.

El Tribunal ordena, por otro lado, el comiso de bienes de la sociedad Orange Market S.L., por importe de casi dos millones de euros 1.938.000 y el comiso del reloj, valorado en 2.400 euros, con el que fue obsequiada la exconsellera de Turismo condenada.

El juicio por esta pieza separada del “caso Gürtel” comenzó en marzo de 2015 y quedó visto para sentencia un año después tras 65 sesiones.