La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la urbanización Les Naus, ha citado a declarar como investigados al presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa promotora de este complejo residencial.

Con estos nuevos investigados, que comparecerán el próximo 21 de octubre, son ya 18 los que tienen dicha condición en estas diligencias previas desde que fueron incoadas, el pasado mes de febrero.

La instructora ha acordado la práctica de las nuevas declaraciones a petición de la Fiscalía en una providencia en la que también solicita al Ayuntamiento alicantino información sobre si llevó a cabo alguna actuación en el proceso de enajenación de la parcela de propiedad municipal desde el acuerdo de la Junta Local de Gobierno que aprobó su valoración, del 10 de julio de 2018, hasta la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 5 de septiembre del mismo año.

La providencia requiere en este sentido a los servicios jurídicos de la Corporación que remita toda la documentación relativa a esa cuestión, incluidas las comunicaciones que pudieran haber mantenido las concejalías de Gestión Patrimonial y de Contratación o las habidas “en el interior de cada concejalía”, así como “peticiones de informes, informes emitidos”, etc.

En concreto, la resolución judicial hace hincapié en la necesidad de que aporte “toda la documentación y comunicaciones relativas a las dudas surgidas sobre el precio de la parcela”, así como sobre la “decisión de suspender cualquier actuación de impulso de dicho expediente” o el “alzamiento de la suspensión”.

Por último, reclama al Consistorio que informe, y aporte toda la documentación y comunicaciones al respecto, sobre si dio alguna publicidad al acuerdo de la Junta de Gobierno del 10 de julio de 2018, al margen de la publicación en la plataforma de contratación.

La magistrada ha dictado una segunda providencia, en este caso para requerir a la formación política Compromís el depósito de una fianza de 3.000 euros como paso previo para admitir su personación en la causa como acusación popular.