Castellón, 25 de octubre de 2018.- El Juzgado de Instrucción número 4 Castellón ha concluido la instrucción de la causa que se sigue contra el exalcalde de La Vall d’Alba, y exvicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, su hija y un empresario por supuestas irregularidades urbanísticas.

La jueza mantiene que hay indicios de delito suficientes para celebrar juicio contra los tres encausados por considerar que, de común acuerdo, y siendo Martínez el alcalde de La Vall d’Alba, adquirieron fincas relacionadas con distintos planes urbanísticos para “obtener una importante revalorización y venderlas al promotor urbanístico o reservarlas a nombre de las sociedades para cuando dicho programa se ejecutara”.

La compra de las parcelas, según recoge el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y deja la causa preparada para el juicio si las acusaciones lo piden, se habría efectuado entre los años 2005 y 2014 directamente por el exalcalde, su hija y el empresario, o a través de sociedades interpuestas.

Según consta en la resolución, notificada ayer a las partes, la investigación realizada hasta ahora permite concluir que existen indicios de que Martínez se aprovechó de su condición de alcalde para que la Junta de Gobierno municipal adoptara determinados acuerdos que beneficiaban sus intereses particulares.

En la misma resolución, la jueza rechaza la petición de archivo planteada por los tres investigados y deja fuera de la causa al hijo del exalcalde de La Valld d’Alba y exvicepresidente de la Diputación por considerar que desconocía el plan ejecutado por su padre y su hermana.

El auto, que transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, supone que la instructora da traslado al fiscal y a las acusaciones para que digan si procede el sobreseimiento o la apertura de juicio oral. De inclinarse por ésta última opción, deberán presentar sus escritos de acusación, especificando los delitos que atribuyen a los encausados y la pena que solicitan para ellos. En este trámite también cabe la solicitud de diligencias complementarias.

La causa se inició en enero de 2016 a partir de una querella interpuesta por la Fiscalía.