La jueza del “Caso IVAM”, que investiga a la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno, Consuelo Císcar, por irregularidades en la gestión del museo, ha requerido al director general de Bellas Artes para que designe a tres expertos que habrán de elaborar el informe requerido por el Juzgado hace cinco meses relativo a 13 piezas sobre las hay sospechas de que fueron adquiridas a un precio muy superior al real.

La magistrada, de conformidad con el criterio del fiscal y de la Abogacía de la Generalitat, otorga tres días al director de Bellas Artes para que cumpla el mandato judicial con el apercibimiento de que, de no hacerlo, incurrirá en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

En su auto, mantiene que la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obligan a colaborar con la Administración de Justicia, prevalecen sobre la normativa propia en la que se ampara la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico, dependiente del Ministerio de Cultura, para no hacer el citado informe por entender que está fuera de su competencia.

Según consta en la resolución judicial, Bellas Artes tendrá que designar a “tres personas tituladas expertas en valoración de obras de arte”, dependientes de la Junta de Valoración. Posteriormente, el Juzgado, por sorteo, elegirá a dos de ellas, que serán designadas peritos judiciales y habrán de realizar el informe requerido el pasado mes de noviembre.

El Juzgado de Instrucción 21 investiga a Císcar, a cuatro exsubdirectores del IVAM y a un empresario, por delitos de malversación, prevaricación y falsedad. El avance de la causa por los supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la edición de publicaciones pende de dicho informe. La falta de esa pericial dilata la instrucción, que tiene un plazo máximo de 18 meses, e impide tomar declaración a la exdirectora del museo valenciano y a los otros cinco imputados.

La Jueza solicitó el informe en noviembre; lo volvió a reclamar, con carácter urgente, en enero y en marzo. Ninguna de sus peticiones fue atendida.

El Ministerio respondió a finales de abril, después de que el Consejo General del Poder Judicial le urgiera a remover los obstáculos que impiden el cumplimiento del mandato de la instructora y después de que ésta citara al secretario de la Junta de Valoración para que compareciera en el juzgado y explicara “los motivos que impiden la presentación del informe” que le fue requerido cinco meses atrás.

La declaración del secretario, prevista para el 29 de abril, quedó suspendida porque la tarde antes el Ministerio envió al Juzgado por fax una comunicación en la que afirma que la Junta de Valoración carece de competencias para tasar las trece obras de arte sobre las que, según la investigación, concurren fundadas sospechas de que existe un elevado sobrecoste en la adquisición de las mismas que pudiera constituir un ilícito penal.