La jueza del 'caso IVAM', que investiga a la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno, Consuelo Císcar, por irregularidades en la gestión del museo, ha designado a dos de los tres peritos propuestos por Bellas Artes para que valoren las 13 piezas sobre las que hay sospechas de que fueron adquiridas a un precio muy superior al real.

Las dos designadas, que realizarán funciones de auxilio judicial, son dos vocales de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español. Se trata de la jefa del Área de Colecciones del Museo Reina Sofía y la subdirectora general de Promoción de las Bellas Artes. Deberán redactar el informe que la instructora encargó hace seis meses, del que depende el avance de la causa.

La subdirectora general de Promoción de Bellas Artes comunicó al Juzgado la imposibilidad de aceptar el cargo de perito judicial por formar parte, desde noviembre de 2015, del Consejo Rector del IVAM en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Su rechazo no ha sido aceptado por la jueza, que no aprecia causa que le imposibilite realizar la prueba pericial encargada, ya que la técnico no formaba parte del Consejo Rector del IVAM en el periodo objeto de investigación, es decir cuando se adquirieron las obras de arte que debe valorar.

Tanto el fiscal como la Abogacía de la Generalitat habían pedido a la magistrada que no aceptara la renuncia de la perito designada.

En su auto, la jueza se remite al artículo 462 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual “nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del juez para desempeñar un servicio pericial si no estuviere legítimamente impedido”. El artículo 468, que también cita la magistrada en la resolución, menciona, como únicas causas de recusación de peritos, “el parentesco de consaguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo, el interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante y la amistad íntima o enemistad manifiesta”.

En la resolución, notificada hoy a las partes, la jueza fundamenta su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual “la imparcialidad de los peritos judiciales designados viene determinada por su condición de funcionarios públicos cuya actuación debe estar dirigida a servir con objetividad e imparcialidad a los intereses generales”.

El Juzgado de Instrucción 21 investiga a Císcar, a cuatro exsubdirectores del IVAM y a un empresario, por delitos de malversación, prevaricación y falsedad. El avance de la causa por los supuestos sobre costes en la adquisición de obras de arte y en la edición de publicaciones pende del informe encargado a Bellas Artes hace seis meses. La falta de esa pericial dilata la instrucción, que tiene un plazo máximo de 18 meses, e impide tomar declaración a la exdirectora del museo valenciano y a los otros cinco imputados.

La causa, que nació en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía se dirige contra Císcar y contra otras cinco personas, que tienen la condición de investigadas, término que sustituye al de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La instructora considera que de las diligencias practicadas hasta el momento "resulta indiciariamente la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno de la administración del IVAM, tanto en la adquisición de obras de arte como en la contratación de publicaciones".

La magistrada cree que se habrían pagado "importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor" y que esta práctica redundaba en "un claro lucro para terceros". Según la jueza, estos hechos "habrían supuesto un evidente perjuicio a los fondos públicos con los que se gestiona este museo".

En la causa están investigados (imputados) además de Císcar, otras cinco personas, cuatro de ellas con responsabilidades en el IVAM como subdirectores de distintas áreas. Se trata del subdirector general de Administración y Finanzas, el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la subdirectora general Técnico Artística. Además está investigado el responsable de dos empresas con las que el IVAM suscribió contratos de transporte eludiendo, supuestamente, la normativa de contratación del sector público.