Un auto de la juez sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputación Provincial Alfonso R. y otros siete acusados en el marco de la pieza separada D del ‘caso Taula’, relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de ‘call center’ para la empresa pública Imelsa.

La resolución, que es firme y solo puede ser recurrida en lo relativo a la situación personal de los encausados, señala como órgano competente para el enjuiciamiento de esta causa la Audiencia Provincial de Valencia.

A la vista del escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal, la instructora tiene por dirigida dicha acusación contra el expresidente de la Diputación de Valencia como presunto autor de delitos continuados prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

En el caso del que fuera gerente de Imelsa Marcos B., los delitos que le atribuye la acusación pública son prevaricación y malversación, también con carácter continuado.

Además, la causa se dirige contra otros seis acusados -bien como autores directos o como cooperadores necesarios- por delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales, así como contra la empresa Servimun SL como responsable civil subsidiaria.

En el auto, la juez requiere a seis de los encausados para que presten una fianza de 1.184.906 euros a fin de cubrir las posibles responsabilidades pecunarias que en su día pudieran declararse procedentes.