La Junta de magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Valencia ha adoptado un acuerdo sobre la unificación de criterios para la aplicación de la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 10/22 de garantía integral de la libertad sexual.  

La Junta, que ha estado presidida por la Presidenta de la Audiencia Provincial, Esther Rojo, ha acordado que se revisarán las sentencias firmes en las que el penado esté cumpliendo la pena o pendiente de cumplirla siempre que lo soliciten las partes y, también, cuando el Tribunal, de oficio, considere existente una expectativa razonable de revisión de la condena, y se aplicará la disposición legal más favorable al reo.   

En el proceso de revisión se oirá al penado, a su defensa, al Ministerio Fiscal y al resto de partes que formularon acusación.  Las resoluciones modificando las penas que se dicten serán notificadas a las víctimas.