La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de dos años de prisión por dos delitos contra la Seguridad Social a un empresario que no pagó las cuotas de 38 trabajadores que tenía contratados en dos empresas dedicadas al reciclaje. La sentencia, fruto de una conformidad entre las partes, también le condena al pago de dos multas que suman un total de 132.000 euros y le impone una indemnización de la misma cantidad, que deberá abonar a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El empresario puso en marcha dos empresas, la primera de ellas en septiembre de 2013 y la segunda en diciembre de 2014, dedicadas al tratamiento de chatarra y productos de desecho. Entre los años 2013 y 2016 contrató a 38 trabajadores, a los que dio de alta en la Seguridad Social, pero a los que no pagó mensualmente las bases de cotización, que la administración perjudicada cifra en más de 132.000 euros.