La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha rechazado el recurso presentado por el exalcalde de Alicante, Luís Díaz Alperi, contra el auto de procedimiento abreviado, dictado por Instrucción 5, que pone fin a la instrucción y deja el caso preparado para el juicio por supuestas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

La Sala desestima la petición y considera que el auto, en el que el instructor encuentra indicios de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y de información privilegiada facilitada por autoridad, está “suficientemente motivado”.

La Audiencia confirma así la resolución, en la que el instructor establecía que Díaz Alperi pudo facilitar datos del PGOU a otros investigados, entre ellos el empresario Enrique Ortiz, antes de que estos se hicieran públicos, “facilitando con dicha conducta los intereses del citado empresario en la aprobación del plan”.

El auto también encontraba indicios de la comisión del delito de cohecho, por las entregas de dinero y el pago de un viaje a Creta valorado en 35.000 euros, que supuestamente Ortiz le abonó a Díaz Alperi a cambio de la información privilegiada.

La investigación sobre las irregularidades en la gestión del Plan General es una pieza separada del conocido como “Caso Brugal”. En ella figuran como investigados, además de Díaz Alperi y Ortiz, la exalcaldesa, Sonia Castedo, técnicos municipales y responsables de la redacción del Plan.