El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza, se ha reunido esta tarde, un día después de que así se lo solicitaran, con los representantes de los colegios profesionales de abogados y procuradores, a fin de conocer de primera mano sus posiciones sobre el protocolo judicial para supuestos de emergencias.

A la reunión, celebrada en la sede de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, han asistido su titular, Nuria Martínez, las presidentas de los consejos valencianos de uno y otro colectivo (CVCA, María del Mar García Calvo, y CVCP, Begoña Mollá, respectivamente), así como el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, José Soriano, entre otros participantes.

Baeza ha trasladado a todos los presentes la disposición de la Presidencia del TSJCV y de su Sala de Gobierno a recibir cualquier sugerencia y aportación por parte de los operadores jurídicos que pueda contribuir a mejorar la respuesta de la Administración de Justicia en situaciones de crisis como la Dana del pasado 29 de octubre o la alerta roja por lluvias recientemente superada en parte del territorio de la Comunidad Valenciana.

El presidente del Alto Tribunal valenciano se ha mostrado comprensivo con las inquietudes de los representantes colegiales y la sensación de incertidumbre que genera a sus representados, como a cualquier ciudadano, un episodio de estas características, pero les ha pedido mantener una vía de diálogo franco y abierto entre las partes que, necesariamente, se ha de conducir por cauces de respeto y lealtad institucional recíprocos.

Baeza ha explicado también que el Protocolo de Gestión de Situaciones de Crisis que afecten al Ámbito Judicial de la Comunidad Valenciana, aprobado recientemente por la Sala de Gobierno, ha sido concebido como una herramienta flexible, dinámica y abierta por tanto a mejoras. 

También ha detallado los obstáculos legales y competenciales que impiden acceder, tal y como se ha planteado, a la solicitud de los colegios profesionales para que el citado documento incluya la suspensión generalizada, preventiva e indiscriminada de todas las actuaciones judiciales cuando se decrete una alerta roja meteorológica.

No obstante, se ha comprometido con los colegios profesionales a buscar fórmulas que ayuden a despejar dudas y clarificar, tanto para la carrera judicial como para el resto de los actores jurídicos, el protocolo, y en concreto la necesidad de conciliar de forma satisfactoria la dispensa de acudir a actuaciones jurisdiccionales en estas situaciones con el respeto a la tutela judicial efectiva de aquellas partes que quieran y puedan asistir a las mismas.