El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha abierto una pieza separada en el caso Imelsa para investigar el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de la empresa pública Ciegsa, dependiente de la Conselleria de Educación y encargada de la construcción de las infraestructuras educativas en la Comunidad Valenciana.

El juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de “legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad” con la finalidad de “favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dávida”.

En su resolución, añade que esas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una “finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa”, el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent.

En esta pieza separada tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación, Benavent, considerado el “recaudador”; el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, el exsecretario autonómico de Educación y responsable de Ciegsa, Máximo Caturla, cuatro técnicos de esta empresa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.

Respecto de los técnicos, el juez investiga si “pudieran haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano” y si justificaron sobrecostes “sobre una base ficticia o carentes de verdadera justificación” para obtener más financiación o compensar económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente “perjuicio económico para el erario público de la Generalitat”.

El instructor rechaza dirigir la investigación contra otros exaltos cargos de la Administración Autonómica que aparecen mencionados en las conversaciones intervenidas por cuanto “constituyen referencias indirectas genéricas e imprecisas en un contexto conversacional de difícil interpretación” y, por tanto “no justifican en este momento dirigir la investigación contra las mismas”. Se trata del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de los exvicepresidentes Víctor Campos y Gerardo Camps.