El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un supuesto delito de blanqueo de capitales en una pieza separada del “Caso Imelsa”, ha rechazado la petición de archivo planteada por dos concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital, Alfonso Novo y Beatriz Simón, y por tres exasesores.

Todos ellos seguirán teniendo la condición de investigados (imputados según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en esta pieza separada del “Caso Imelsa”.

El instructor considera prematura la petición de sobreseimiento, solicitud a la que se había opuesto el fiscal; recuerda que la instrucción no está concluida y que faltan diligencias por practicar.

En su auto, el magistrado considera conveniente esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana respecto a los aforados Rita Barbera (exalcaldesa de Valencia) y Miguel Domínguez (exconcejal y diputado autonómico) para evitar pronunciamientos contradictorios.

La resolución no es firme. Puede ser recurrida en reforma, ante el propio Juzgado; o en apelación, ante la Audiencia Provincial de Valencia.

En esta pieza separada, con 47 personas imputadas, (el PP también está imputado como persona jurídica) se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas en vísperas de las elecciones municipales de 2015 por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.   

Hasta el momento, el “Caso Imelsa” se estructura en una pieza principal, en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat) y en dos piezas separadas: la del blanqueo en el Consistorio valenciano y la de las contrataciones irregulares en Imelsa con 28 imputados.

En el “Caso Imelsa” hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con  una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.