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La causa por malversación, prevaricación y falsedad se dirige también contra un empresario
El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha acordado el levantamiento del secreto del sumario en la causa en la que investiga la gestión de la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Consuelo Císcar, al frente del museo valenciano.
La causa, que nació en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía se dirige contra Císcar y contra otras cinco personas, que tienen la condición de investigadas, término que sustituye al de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La instructora, la magistrada Nuria Soler, considera que de las diligencias practicadas hasta el momento "resulta indiciariamente la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno de la administración del IVAM, tanto en la adquisición de obras de arte como en la contratación de publicaciones".
En el auto, notificado hoy a las partes, la magistrada explica que se habrían pagado "importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor" y que esta práctica redundaba en "un claro lucro para terceros". La juez concluye que estos hechos "habrían supuesto un evidente perjuicio a los fondos públicos con los que se gestiona este museo".
En la causa están investigados (imputados) además de Císcar, otras cinco personas, cuatro de ellas con responsabilidades en el IVAM como subdirectores de distintas áreas. Se trata del subdirector general de Administración y Finanzas, el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la subdirectora general Técnico Artística. Además está investigado el responsable de dos empresas con las que el IVAM suscribió contratos de transporte eludiendo, supuestamente, la normativa de contratación del sector público.
En la misma resolución, la instructora rechaza la petición de archivo solicitada por el letrado de Consuelo Císcar y ordena comunicar la resolución a la Generalitat Valenciana para que pueda personarse en el procedimiento como administración perjudicada.
Las cinco personas contra las que se dirige la causa tendrán que declarar como investigados (imputados) próximamente. Aún no está fijado el calendario de sus comparecencias.
El auto no es firme. Puede ser recurrido en reforma, ante el juzgado que lo ha dictado, o en apelación, ante la Audiencia Provincial.