La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas de entre cuatro y seis años de prisión y al pago de multas a cinco hombres que estafaron más de dos millones de euros a una empresa de la localidad de Sollana dedicada al tratamiento y comercialización de chatarra y otros materiales recuperados.

Los hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2016, cuando uno de los acusados, que era el responsable de logística de la empresa perjudicada en la campa que ésta tiene en la carretera N-322, se concertó con los demás para manipular los sistemas informáticos de la empresa y desviar camiones cargados de chatarra a otras mercantiles.

Una de esas mercantiles estaba situada en Carlet, estaba administrada por un hijo del principal acusado y a ella llegaban algunas de las cargas que tenían como destino la planta de Sollana o la planta central de la empresa perjudicada, en la provincia de Barcelona.

Mediante esta operativa fueron desviados 426 viajes de camiones y el importe de la cuantía que abonó por la mercancía sin haberla recibido realmente la empresa afectada ascendió a un total de 1.943.366 euros, tal y como se declara probado en la sentencia.

Por otro lado, se desviaron otros 170 camiones cargados con contenedores a la campa de otra sociedad, situada en la población de Cheste. En este caso, el importe total defraudado fue de 150.772 euros.

En estas operaciones participaron además de padre e hijo, otros tres acusados, que eran administradores una empresa de reciclaje de materiales y otra de transportes, así como jefe de logística de otra transportista.

A los primeros, la Sección Tercera les ha impuesto, por un delito de estafa agravada con atenuante de dilaciones indebidas, sendas penas de seis años de prisión y el pago de multas de 5.400 euros.

A los tres restantes, y por el mismo delito, la Sala les ha condenado a cuatro, cuatro años y medio y cinco años de cárcel, respectivamente, así como al pago de multas de entre 3.600 y 4.500 euros.

En cambio, los magistrados han absuelto por falta de pruebas a otros siete acusados. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.