La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha recuperado para las arcas públicas 1.015.379,28 dólares (878.735,85 euros al tipo de cambio actual) tras la subasta de dos apartamentos de Miami (Estados Unidos) embargados el marco de la ejecutoria de la sentencia por la pieza 1 del denominado ‘Caso Cooperación’. 

Las gestiones del Alto Tribunal valenciano con las autoridades estadounidenses llevadas a cabo durante años en coordinación con la magistrada española de enlace en ese país, que se intensificaron durante las últimas semanas, han fructificado y el Tesoro norteamericano transfirió el dinero a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales el pasado viernes. 

La cuantía será destinada a liquidar las responsabilidades perseguidas en esta pieza del Caso Cooperación, en la que fueron condenados en 2015 siete acusados -entre ellos el exconseller de Inmigración y Ciudadanía Rafael Blasco- a penas de entre dos y seis años y medio de prisión por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, por el desvío del dinero de subvenciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales en Nicaragua. 

Tal y como dictaminó el TSJCV y confirmó después el Tribunal Supremo, del dinero invertido en esos proyectos por la Generalitat Valenciana (1,6 millones de euros) apenas llegó a su destino la cantidad del 3%, exactamente 47.953 euros, mientras que el 97 % restante los condenados lo aprovecharon para adquirir y reformar inmuebles en Valencia. 

El Tribunal Superior de Justicia embargó en su día diferentes bienes para cubrir las responsabilidades fijadas en de esta causa de corrupción, lo que permitió resarcir ya por el propio órgano judicial a la Administración autonómica con la cantidad de 633.123,55 euros. 

Entre esos bienes figuran los dos apartamentos de Miami propiedad de uno de los condenados, Augusto César Tauroni, cuya subasta ha permitido ahora recuperar otros 878.735,85 euros. 

A fin de abonar las responsabilidades establecidas en la ejecución de esta sentencia, la Sala de lo Civil y Penal ha acordado librar un oficio al Tribunal de Cuentas para que le informe de la cantidad exacta que está pendiente de reintegrar por todos los conceptos a la Generalitat.