La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), reunida este miércoles, ha dictado un acuerdo donde expresa sus condolencias con los damnificados por la DANA que ha azotado a la provincia de Valencia en las últimas horas y recuerda a todos aquellos profesionales y ciudadanos que tuvieran hoy señalamientos la “innecesariedad” de que se trasladen a la Ciudad de la Justicia o el resto de sedes judiciales si encuentran cualquier dificultad para ello, al tratar se una causa de fuerza mayor.

El acuerdo señala que las actuaciones judiciales previstas pueden ser suspendidas por causa de fuerza mayor.

“En este sentido, se confiere traslado a todos los órganos judiciales de la provincia para que tengan especial consideración con la situación en la que nos encontramos”, recoge el texto aprobado por el órgano de gobierno de los jueces de la Comunidad Valenciana.

La Sala de Gobierno indica asimismo que la no suspensión generalizada de la actividad de la Ciudad de la Justicia y otras sedes de la provincia de Valencia está motivada en la necesidad de “evitar los importantes perjuicios que podrían ocasionarse a determinados justiciables que llevan esperando un tiempo considerable -incluso años- para que tenga lugar la actuación judicial de que se trate y pueda resolverse su situación”.

En esta línea, se ha de tener en cuenta el acuerdo dictado en su día por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el marco del recurso de alzada 396/2019, referida a una situación similar, aunque no exactamente igual, registrada hace cinco años.

Dicho acuerdo “pone en valor el principio de proporcionalidad, que incluye conciliar la entidad de la situación con los perjuicios que puedan causarse a otros ciudadanos y profesionales de la Justicia que no resultan afectados” por esa situación de emergencia y que puedan acudir con normalidad a la sede judicial.

Finalmente, el acuerdo emitido este miércoles recuerda que la Ciudad de la Justicia de Valencia “está utilizándose para dar solución a necesidades apremiantes (como la gestión de los fallecidos) y, en su caso, centralizar la gestión jurisdiccional urgente de otros partidos judiciales, entre otras los servicios de guardias, en caso de que sea necesario.