La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado un acuerdo en el que expresa su preocupación ante las “negativas consecuencias” y perjuicios que generará la denegación de la autorización económica por parte del Ministerio de Justicia para la prórroga de numerosas medidas de refuerzo en los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana.

El órgano de gobierno de los jueces y tribunales valencianos, que se ha reunido hoy bajo la presidencia del presidente del TSJCV, Manuel Baeza, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial que inste al Ministerio a reconsiderar su decisión.

El acuerdo llama especialmente la atención sobre la denegación de la prórroga de las nueve comisiones de servicio con que contaban las plazas judiciales del orden civil con competencias exclusivas y excluyentes a nivel provincial en materia de condiciones generales de la contratación con garantías hipotecarias, los conocidos como juzgados de ‘cláusulas suelo’, en Castellón (1), Valencia (4) y Alicante (4). 

El Ministerio de Justicia ha denegado la autorización para la dotación económica de 18 de las cerca de 30 medidas de refuerzo con informe favorable de la inspección del CGPJ que habían sido solicitadas para la Comunidad Valenciana, en su mayor parte como prórrogas de medidas anteriores en vigor. 

Además de las plazas judiciales número 6, 5 y 25 de las secciones civiles de los Tribunales de Instancia de Castellón, Alicante y Valencia, respectivamente, (que tramitan las demandas por cláusulas hipotecarias abusivas), se han visto afectados también los Tribunales de Instancia de Benidorm y Quart de Poblet y las Audiencias Provinciales de Valencia y Alicante.   

La Sala de Gobierno del TSJCV ha trasladado al CGPJ en su acuerdo de este miércoles su “preocupación” por esta situación, así como “por la forma y momento en que se ha producido”. 

Además, ha destacado las “negativas consecuencias” que tendrá la denegación de estos refuerzos tanto para los órganos afectados, sobre todo los que se ocupan de las condiciones generales de la contratación, como para “el servicio público que se presta a los ciudadanos”.