La Comisión Mixta de Seguimiento del Protocolo de Ejecución de Diligencias de Lanzamiento se ha reunido hoy en la sede del TSJ, institución convocante, para evaluar el grado de cumplimiento y eficacia que está teniendo el citado acuerdo marco, que vincula desde 2013 a todos sus firmantes: Además de la Presidencia y la Secretaría de Gobierno del TSJC, el Ajuntament de Barcelona, la Conselleria de Justícia, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona y el Col·legi de Procuradors de los Tribunales de Barcelona. Ha estado representada también la Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Entre los contenidos del encuentro se han abordado los efectos de las recientes reformas legales sobre los procedimientos de desahucio y resoluciones de lanzamiento, singularmente la Ley 5/2018 de 11 de junio, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

En la reunión se han puesto de manifiesto las dificultades con las que, observadas las pautas del Protocolo, se están encontrando las comisiones judiciales al ejecutar los lanzamientos ordenados judicialmente y que frecuentemente impiden su efectividad (en 2018, de 4.880 lanzamientos señalados por el SAC de Barcelona, 2.683 fueron negativos y solo 2.197 pudieron materializarse). Precisamente esas  suspensiones reiteradas son las que motivan los señalamientos con fecha abierta, como último recurso excepcional para hacerlos efectivos.

El Protocolo sobre Ejecución de Diligencias de Lanzamiento se suscribió con el objetivo de sumar esfuerzos a fin de lograr la efectividad de las resoluciones judiciales de lanzamiento en tiempo y condiciones que conjuguen los intereses en conflicto. Todos los colectivos representados en la mesa han coincidido en la necesidad de conciliar, por un lado, el derecho de los titulares legítimos a recuperar de forma inmediata la posesión de las viviendas ocupadas sin cobertura contractual o legal y, por otro, la protección de aquellos inquilinos que acrediten una situación de especial vulnerabilidad.

A las Administraciones corresponde velar por la protección a las personas más vulnerables, y el Protocolo facilita los cauces para hacer efectiva esa protección sin menoscabo del derecho de los titulares de los inmuebles. Buscando la inmediatez de la información y una mayor agilidad en las respuestas ante situaciones de vulnerabilidad, se ha ofrecido al Ayuntamiento de Barcelona, con la necesaria aprobación del Departament de Justícia, la implantación de una unidad de sus Serveis Socials dentro de las dependencias de la Ciudad de la Justicia, con el fin de acercar al máximo sus prestaciones al ciudadano afectado por una resolución de lanzamiento.

A los tribunales de Justicia les incumbe, con las prevenciones que contempla el Protocolo, la ejecución de sus resoluciones de lanzamiento, en este caso a través de los Letrados/as de la Administración de Justicia y los/as funcionarios/as colaboradores que, en el ejercicio de sus funciones, deben merecer todo el respeto y consideración inherente a la labor que desempeñan. Por ello, a modo de cierre del encuentro se ha pedido la máxima colaboración y lealtad institucional en la aplicación del Protocolo y una implicación decidida de las instituciones firmantes en la mejora permanente de la protección de todos los afectados por las resoluciones de lanzamiento.

La reunión, celebrada durante más de dos horas, tenía como puntos del orden del día:

1. Cumplimiento y eficacia del Protocolo
2. Impacto en el Protocolo de la Ley 5/2018 de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil con relación a la ocupación ilegal de viviendas
3. Lanzamientos con fecha abierta
4. Prórroga del protocolo vigente