La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha aprobado un acuerdo por el que insta a la administración competente a que de manera inmediata remueva “los obstáculos que impidan la pronta y plena dotación de la totalidad de órganos judiciales creados en el ámbito del TSJCat, con singular exigencia respecto de los juzgados de Primera Instancia 7 de Girona, Primera Instancia e Instrucción 8 de Arenys de Mar y Primera Instancia e Instrucción 6 de Vic”.

Este acuerdo se adoptó en la sesión de la Comisión de Sala de Gobierno celebrada el pasado 25 de junio e incluye, también, la necesidad inaplazable de que se “culmine el equipamiento indispensable para el desempeño de la Sección orgánica de Apelación Penal de la Sala Civil y Penal”. No hay dependencias para albergar este nuevo órgano, ni oficina de apoyo, ni despachos para que sus magistrados y magistradas puedan llevar a cabo una función tan relevante como es la segunda instancia penal.

El presidente del TSJCat, Jesús Mª Barrientos, sometió a valoración de la Comisión de Sala de Gobierno la situación generada por la “falta de responsabilidad y el aplazamiento injustificado” en la puesta en marcha de órganos aprobados, creados, comprometidos, desde 2017 para dar respuesta a una “necesidad urgente y objetiva, en algún caso en una materia tan extraordinariamente delicada como es familia, que afecta directamente a la vida del ciudadano que acude a los tribunales en busca de una respuesta de tutela de sus derechos”.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 21 de junio la fecha de entrada en funcionamiento de cuatro nuevos órganos aprobados para Catalunya en 2017. Las fechas en las que se indica que empezarán a operar son: el 30 de septiembre de 2019 para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida; el 31 de diciembre también de este año para los Juzgados de Primera Instancia 9 y 10 de Sabadell; y el 30 de septiembre de 2020 para Primera Instancia 7 de Girona. Es decir, un órgano judicial previsto en 2017 se creará más de tres años después. “En el caso del juzgado de Girona –afirma el presidente Barrientos- es más insoportable la demora porque supone una afectación a temas de familia, a custodias, a decisiones sobre menores, que no pueden adoptarse por falta de recursos, por la acumulación de asuntos desde hace años”.

A la demora, al retraso, en la puesta en funcionamiento de órganos comprometidos en 2017, se suma la ya anunciada respecto de los órganos cuya creación se ha aprobado este año 2019. Así, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de Arenys no se pondría en marcha hasta el 31 de diciembre de 2020 y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Vic hasta el 30 de septiembre de 2021.
“Resulta decepcionante, no encuentra justificación alguna y evidencia el absoluto desinterés de la administración hacia los ciudadanos que acuden en demanda de servicios judiciales”, recoge el acuerdo de sala de Gobierno respecto de la situación expuesta.

Para el presidente Barrientos, “la falta de respuesta de la Administración roza el desprecio”. Y asegura: “En las distintas comisiones, a lo largo de los años, de manera constante y acreditada, Al Departament, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio, con estadísticas detalladas, con el impacto de todos conocido que provoca no responder a tiempo a las situaciones que los ciudadanos nos trasladan, reclamamos medios materiales y humanos, mejores dotaciones, siquiera dignas en muchos casos, y la creación de más órganos para intentar ofrecer el servicio al que nos debemos de una forma aceptable. No podemos asumir como algo normal que en este escenario se difiera a 2021 un órgano creado en 2019 o que órganos creados en 2017 no se pongan en marcha hasta 2020”.

Barrientos considera que el Departament “tiene una función inexcusable recogida en el Estatut de Autonomía y no es consecuente con la obligación que en él inequívocamente se determina en materia de dotación de medios materiales y humanos, de infraestructuras y funcionarios para que los juzgados necesarios y comprometidos funcionen en un tiempo razonable, que no es, en ningún caso, el previsto”.

La Comisión de Sala de Gobierno advierte también de la situación de imposibilidad de trabajar en condiciones en la Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal, para la que no hay oficina de apoyo ni despachos de acuerdo por la plantilla judicial ahora existente y mucho menos cuando el próximo 31 de diciembre se cubran las dos plazas de magistrados previstas. Barrientos recuerda que el Plan de Reorganización del Palau de Justicia de fecha 22 de junio de 2016 incluía “la dotación de espacios físicos indispensables para el desempeño de las magistradas y magistrados de dicho órgano y para su oficina de apoyo”. Y, puntualiza el Presidente, “tres años después, esa dotación tampoco se ha materializado”.

Por todo ello, tal como recoge el acuerdo, Barrientos pide al Departament de Justícia una “respuesta responsable, un compromiso con un servicio esencial para la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatut de Autonomía, sin excusas y con la necesaria prioridad que merece dar respuesta a la ciudadanía en un ámbito tan básico, trascendental y determinante como es éste”. Y concluye: “El Departament tiene obligaciones, competencias estatutarias, que debe cumplir ineludiblemente”.