Los órganos judiciales de Castilla y León registraron en el segundo trimestre del año 84.837 nuevos asuntos y resolvieron un total de 80.399

La actividad judicial aumentó un 0,3 % respecto al mismo periodo del año anterior. La tasa de litigiosidad se situó por debajo de la media nacional

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Comunicación Poder Judicial

Los órganos judiciales de Castilla y León registraron durante el segundo trimestre de 2026 un total de 84.837 nuevos asuntos, un 0,3 % más que en el mismo periodo del año anterior. Durante el trimestre del presente año, se resolvieron 80.399 asuntos, un 13,5 % menos que en 2025, y el volumen de procedimientos en trámite al cierre del periodo se situó en 179.489. 

Según los datos del informe estadístico sobre la actividad judicial elaborado por el CGPJ, la jurisdicción Civil registró 35.788 nuevos asuntos durante el segundo trimestre de 2026, lo que supone un descenso del 4,4 % respecto al mismo periodo del año anterior. Los órganos judiciales resolvieron 34.047 asuntos, un 25,7 % menos que en 2025, y mantenían en tramitación 91.052 procedimientos al cierre del trimestre. 

En el orden Penal, ingresaron 40.197 asuntos, un 0,9 % más que en el mismo periodo del año anterior. Los órganos judiciales resolvieron 38.400 asuntos, un 0,4 % menos que un año antes, y mantenían en trámite 62.838 procedimientos al final de este periodo. 

La jurisdicción Contencioso-Administrativa registró 2.086 nuevos asuntos, un 9,8 % más que en el segundo trimestre de 2025. Durante el mismo periodo, resolvió 1.873 asuntos, un 2,7 % menos que un año antes y, al finalizar el trimestre, tenía 5.532 procedimientos en trámite. 

Por su parte, la jurisdicción Social contabilizó 6.766 asuntos ingresados, lo que supone un incremento interanual del 5,5 %. Los órganos judiciales resolvieron 6.079 asuntos, un 8,2 % menos que un año antes, y mantenían en tramitación 20.067 procedimientos al cierre del trimestre. 

En cuanto a los indicadores de funcionamiento, la tasa de resolución en el conjunto de Castilla y León fue de 0,95, mientras que la tasa de pendencia se situó en 2,23 y la de congestión en 3,22. La tasa de litigiosidad fue de 35,33 asuntos por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional, que se situó en 39,35.