La presidenta del TSJCyL, Ana del Ser, ha presidido y constituido este viernes la Comisión Autonómica para la Calidad del Servicio Público de Justicia, cuya misión es analizar indicadores de gestión para normalizar los niveles de calidad, buscando siempre la mejora constante y la eficiencia operativa de la Administración de Justicia. 

La reunión, que ha tenido lugar en el Palacio de Justicia de Burgos, ha contado con la asistencia del fiscal superior de Castilla y León, de la secretaria de gobierno del TSJCyL, de representantes del Ministerio de Justicia, así como de los colegios profesionales y los sindicatos. 

Durante el encuentro, se han abordado asuntos como la constitución de las Comisiones Provinciales, la implantación de los Tribunales de Instancia y el funcionamiento de las Oficinas de Justicia en el Municipio. 

En la próxima jornada de trabajo de la Comisión Autonómica, que tendrá lugar en el mes de junio, se repasarán de manera pormenorizada los temas tratados en esta primera toma de contacto y además se analizarán los informes sobre la calidad del servicio público elaborados en las reuniones provinciales. 

Cogobernanza y mejora 

En el marco de la Ley Orgánica 1/2025, se formalizó la creación de la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia, un órgano diseñado para transformar la gestión judicial mediante la cogobernanza y la mejora continua. Esta nueva estructura tiene como objetivo el análisis de datos para fijar estándares de calidad homogéneos en todo el territorio nacional. 

La Comisión tiene la responsabilidad de elaborar un informe anual sobre la calidad del servicio público. Este documento no solo debe analizar la eficiencia operativa del sistema, sino poner especial énfasis en la accesibilidad universal y el grado de satisfacción de las personas usuarias de la Justicia. 

A partir de estas evaluaciones, el órgano puede proponer mejoras normativas y de funcionamiento que garanticen el acceso a la Justicia en condiciones de estricta igualdad y no discriminación. 

Coordinación estratégica 

La ley establece una organización territorial en tres niveles para asegurar una cobertura integral: ámbito estatal, autonómico y provincial. 

La Comisión Estatal, encargada de la coordinación estratégica nacional, refleja un modelo de cooperación institucional, integrando representantes del Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las comunidades autónomas con competencias transferidas, la Fiscalía General del Estado y los Consejos Generales de la Abogacía, Procuradores y Graduados Sociales, además de sindicatos y expertos en administración electrónica. Su presidencia será rotatoria anualmente entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia. 

Las Comisiones Autonómicas están lideradas por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y cuenta con la participación del consejero de Justicia autonómico (o gerente del Ministerio de Justicia), el fiscal superior, la secretaria de gobierno y representantes de los colegios profesionales y sindicatos locales. 

Sus informes, que incorporarán encuestas de satisfacción, serán elevados a la Comisión Estatal para su consolidación y análisis global. Para garantizar la solvencia técnica de sus decisiones, se contempla la asistencia de técnicos especializados a las sesiones, según la temática que se vaya a tratar. 

Las Comisiones Provinciales se constituyen a instancia de los miembros estatales o autonómicos y son presididas por la Presidencia de la Audiencia Provincial.