Los órganos judiciales de Castilla y León registran en el segundo trimestre 822 demandas de disolución matrimonial, un 10,8 % menos que hace un año

Castilla y León vuelve a presentar la tasa más baja del país, con 34,2 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes

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Comunicación Poder Judicial

Los órganos judiciales de Castilla y León registraron durante el segundo trimestre de 2026 un total de 822 demandas de disolución matrimonial (nulidades, separaciones y divorcios), frente a las 922 contabilizadas en el mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso interanual del 10,8 por ciento. 

Según los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, entre abril y junio de este año se presentaron en la Comunidad 529 demandas de divorcio consensuado, un 13,9 por ciento menos que un año antes, y 263 demandas de divorcio no consensuado, cifra que representa una disminución del 5,7 por ciento respecto al segundo trimestre de 2025. 

Durante el segundo trimestre, se registraron 19 separaciones consensuadas, un 5 por ciento menos, y 9 separaciones no consensuadas, un 28,6 por ciento más que hace un año. También se formularon dos demandas de nulidad matrimonial, frente a una en el mismo periodo del año anterior. 

Al poner en relación las demandas de disolución matrimonial con la población, Castilla y León registró 34,2 demandas por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja de España. La media nacional se situó en 43,6 demandas por cada 100.000 habitantes. 

Modificación de medidas 

En cuanto a los procedimientos de modificación de medidas derivados de procesos de separación y divorcio, en Castilla y León se presentaron 145 demandas consensuadas, un 6,6 por ciento más que en el segundo trimestre de 2025, y 301 demandas no consensuadas, un 1,3 por ciento más. 

Respecto a los procedimientos relativos a la guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales menores o con discapacidad con medidas de apoyo de progenitores, los órganos judiciales de la Comunidad registraron 233 demandas consensuadas, lo que supone un incremento del 19,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, y 200 demandas no consensuadas, un 2 por ciento menos que un año antes.