Los presidentes de la Sala de lo Social y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, tras la reunión habida con magistrados de ambas salas, informan:

1.- El Poder Judicial es un poder del Estado y es independiente, como resulta del artículo 117 de la Constitución.

2.- Los medios técnicos puestos por la Administración de Justicia están al servicio del Poder Judicial y no al revés. Por ello, es inaceptable que se señale por el secretario coordinador provincial que los documentos que se encuentren en los ordenadores como en “acontecimientos en borrador” con una antigüedad superior a 10 días pasen a estado “definitivos”, con olvido de que las sentencias y demás resoluciones judiciales pueden ser modificadas antes de ser firmadas, como resulta de lo dispuesto en los arts. 266 y 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3.- No hay oposición a la utilización de los medios técnicos puestos por el Ministerio de Justicia en la medida en que puedan redundar en un mejor funcionamiento de la función jurisdiccional que corresponde a jueces y magistrados, pero no se comprende la premura para su implantación por la vía de los hechos –no consta resolución administrativa que se haya comunicado a los magistrados afectados, a pesar de haberse solicitado- y con olvido del Acuerdo de la Sala de Gobierno de ese Tribunal Superior de Justicia de 30 de mayo de 2016 de que, ante las deficiencias observadas en el sistema, se retrase la implantación del proyecto de “Justicia Digital” en la Sala de lo Contencioso-administrativo y en la Sala de lo Social, ambas con sede en Valladolid, hasta, al menos, los primeros días de septiembre del presente año siempre que en esa fecha se hayan solventado las dificultades detectadas.

4.-Póngase en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a los efectos oportunos.

Valladolid, a 6 de junio de 2016

El Presidente la Sala de lo Social y la Presidenta de la Sala de lo Contencioso-administrativo.