La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha planteado ante el Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad sobre los artículos 1, 5 y 20 de la Ley de Castilla-La Mancha 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales que afecta al personal laboral al servicio de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En su auto, la Sala plantea dudas sobre los artículos relacionados con el incremento de la jornada a los funcionarios, la reducción salarial y los ajustes en la prestación por incapacidad temporal.

Los sindicatos UGT y  STAS-CLM dudan de la constitucionalidad por entender que la ley autonómica se excede de sus competencias y por ello, pretenden que se declare la vigencia del VI Convenio Colectivo publicado en el DOCM el 11 de junio de 2009.

La parte demandada, no obstante, sostiene que “no procede el planteamiento de dicha cuestión, considerando, en esencia, que las medidas de carácter básico que el Estado puede adoptar no excluyen las que, de modo complementario, acuerde el legislador autonómico en la misma dirección”, según el auto.