El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia ha estimado el recurso interpuesto por la médico forense María José Meilán contra la orden del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias que el 13 de abril de 2018 acordó su cese como directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.

La sentencia que estima el recurso anula el orden que apartó del puesto a la forense por su falta de motivación, y ordena que la facultativa sera restituida en el puesto. Así mismo, condena a la Administración a abonarle las diferencias salariales dejadas de percibir con ocasión del cese, más los intereses legales.

La sentencia apunta que la facultativa fue cesada en el puesto tomando como base únicamente un informe de una empresa de prevención de riesgos laborales que, asevera, “mal puede puede quedar incorporada como motivación del acto administrativo objeto del recurso”.

“Los motivos del cese”, expone el fallo, “más allá de la rituaria y huera fórmula de la pérdida de confianza incorporada al texto de la orden recurrida, resultaron por completo ignotos para la afectada, generándole ello una indefensión que vicia de nulidad absoluta la orden recurrida”.

La sentencia es susceptible de recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.