Los órganos judiciales del archipiélago canario registraron durante el pasado año 2022 un total de 704 demandas de concurso de acreedores, un 276,5% más que en 2021, según datos oficiales difundidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

El informe sobre los “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy, revela que el crecimiento de las antiguas quiebras en España fue del 120,4%, lo que supone que en las Islas, éstas aumentaron un 156% más que en la media del Estado. 

El estudio del órgano de gobierno de los jueces advierte de que las cifras que se ofrecen son provisionales puesto que, debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, ha sido necesario realizar estimaciones ante la ausencia de datos de 10 juzgados, y permanecen en revisión de errores los de otros 20 órganos judiciales. 

Con los datos que maneja el Consejo, se puede afirmar que durante el pasado año Canarias fue la comunidad con el mayor incremento porcentual de peticiones de concurso. La segunda fue Navarra con un 235,4%, y la tercera, Andalucía, con un 199,2%. 

De los 704 concursos presentados en las Islas, 77 lo fueron a instancia de personas naturales empresarias, 149 de personas jurídicas y 478 de personas naturales no empresarias. 

Siempre según el estudio estadístico del CGPJ, durante el año pasado se declararon en la comunidad un total de 215 concursos, un 119,4% más que en el ejercicio anterior (98); se resolvieron convenios en 15 (un 46,4% menos que en el año anterior, cuando se habían encauzado 28) y se llevaron a liquidación 113 quiebras, un 24,2% más que el año anterior (91). 

En lo que se refiere a los llamados concursos consecutivos (los que que afectan a personas físicas, empresarios o no, en situación de insolvencia y a personas jurídicas, con un pasivo inferior a cinco millones de euros, bienes y derechos con un valor inferior a cinco millones de euros, y menos de 50 acreedores. Tanto unas como otras, además, deben haber intentado y no conseguido aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos, una vez iniciado el procedimiento; o, una vez aprobado éste, que el deudor no haya capaz de cumplirlo), en las Islas se declararon el año pasado 105, un 238% más que en 2021, cuando se habían computado 31. 

En cuanto a procedimientos por despido, los juzgados de lo Social de Canarias incoaron en 2022 un total de 8.721, un 7,3% más que en el año anterior (8.131). Este dato implica que la tasa de demandas por despido por cada 100.00 habitantes en las Islas fue de 400,5, la más alta del país, por encima de Madrid (328,6) y de Cataluña (308,5). 

El estudio también analiza los procedimientos incoados ante la jurisdicción civil en reclamación de cantidades dinerarias: durante el año pasado se computaron en las Islas 8.829, un 16,2% más que en el año anterior. El cifras relativas, el Archipiélago registró una media de 405 reclamaciones por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta de España, solo superada  por el País Vasco (420). La tercera fue Asturias (360,2). 

Los únicos datos que arrojan balances relativamente positivos para las Islas gravitan en torno a las ejecuciones hipotecarias, que en datos generales se redujeron un 13,1 %, pasando de 1.014 en 2021 a 881 el año pasado. 

En lo que se refiere a lanzamientos recibidos derivados de esas ejecuciones, el año pasado hubo 773, un 19,7% menos que en 2021. Los lanzamientos con cumplimiento positivo fueron 478, un 20,7% menos que en el año anterior (603), y los practicados fueron 2.445, un 11,5% menos que en 2021 (2.763). 

Según el informe estadístico, en 2022 se practicaron en el Archipiélago 429 lanzamientos derivados de incumplimientos de la ley hipotecaria, un 14,2% menos que en 2021 (500); 1.887 por impago de alquileres, un 12,4% menos que en el ejercicio anterior (2.154) y 129 por otros motivos, un 18,3% más que en 2021 (109). 

Monitorios y okupas 

La estadística también alude a procedimientos monitorios (previstos para reclamar deudas dinerarias liquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento. Son competentes los Juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia del deudor. Se incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos). En el Archipiélago se tramitaron durante 2022 un total de 10.388 procedimientos de este tipo, un 12,4% más que en el ejercicio anterior (8.512). En términos relativos, Canarias fue el año pasado el territorio con mayor densidad de este tipo de pleitos (3.014, 6 por cada 100.000 habitantes). Madrid fue la segunda comunidad (2.321), y Baleares, la tercera, 2.238. 

Finalmente en lo que se refiere a los datos regionales, el informe detalla que en las Islas se computaron el año pasado 166 juicios verbales de ocupación de vivienda (okupas),  un 5,7% más que en 2021.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al cuarto trimestre de 2022 y las series completas desde 2007 en la siguiente dirección: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/