La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado sentencia en el llamado caso eólico, condenando al principal acusado, el exdirector general de Industria del Gobierno de Canarias a un total de dos años y cuatro meses de cárcel. Perdomo y su mujer, Mónica Quintana, fueron los únicos de los seis acusados que en el juicio se declararon inocentes.

De acuerdo con el veredicto del jurado que en el pasado mes de julio declaró culpables a los seis acusados, la sentencia, dictada por el magistrado Pedro Herrera Puentes, le condena a un año y tres meses de inhabilitación y multa de 14.500 euros como autor de un delito de revelación de información reservada; a un año y seis meses de prisión, cuatro años y seis meses de inhabilitación y multa de 240.000 euros por un delito de cohecho (soborno) pasivo, y a 10 meses de prisión, suspensión de 10 meses y multa de 4.500 euros como autor de un delito de malversación de caudales públicos.

La esposa  de 47 años, ha sido condenada a siete meses de prisión y multa de 12.000 euros como autora a título de “cooperadora necesaria” de un delito de cohecho pasivo, y a cuatro meses de prisión y multa de 2.000 euros como responsable de un delito de malversación de caudales públicos, igualmente en calidad de cooperadora necesaria.

En los dos casos, el magistrado aplica la atenuante de dilaciones indebidas.

En referencia a los otros cuatro acusados, que durante el juicio se declararon culpables y reconocieron los hechos tal y como los planteaba el Ministerio Fiscal, la Sala aplica las atenuantes de dilaciones indebidas y arrepentimiento.

El primer macroproceso de corrupción

Por caso eólico se conoce al primer macroproceso por corrupción de matriz política que se incoó en Canarias en la primera década del presente siglo. Se trata de un presunto amaño -el fallo aún no es firme- en el concurso convocado en octubre de 2004 por el Gobierno de Canarias para la asignación de potencia para la instalación de parques eólicos, hasta esa época el mayor en presupuesto en las Islas.

La trama, según declara ahora probado la Audiencia, intentó favorecer a determinados empresarios en la adjudicación de los parques, facilitándoles información privilegiada a cambio de dinero. 

La investigación se inició en 2005 a raíz de una denuncia presentada or un empleado insatisfecho de uno de los empresarios interesados en el concurso eólico que mantenía contactos con el exdirector y saltó a la luz pública en enero de 2006. La instruccción se prolongó durante más cinco años, y la tramitación del proceso vivió innumerables vicisitudes: desde incidentes de recusación en cadena a ataques a la intimidad del representante del Ministerio Público, pasando por el fallecimiento repentino -por causas naturales- del magistrado que había sido designado para presidir el jurado inicialmente.