El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste Armas, subrayó ayer en un acuerdo alusivo a la crisis del coronavirus que el estado de alarma y los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial derivados de éste “no implican la paralización de la actividad jurisdiccional”, sino la suspensión de los actos procesales, lo que viene confirmado, recuerda, “por la previsión del teletrabajo”.

“Ello supone que los jueces y magistrados deberán continuar con sus funciones de estudio y preparación de sus resoluciones”, explicita, “pero en sus domicilios” [los servicios de urgencia -juicios con presos, juzgado de guardia o asuntos de violencia sobre la mujer se siguen atendiendo en las sedes judiciales].

En este sentido, el presidente del TSJC recuerda que los actos judiciales están suspendidos desde el pasado viernes con dos excepciones comunes: cualquier actividad judicial que, de no practicarse, pudiera ocasionar perjuicios irreparables, y aquellos casos en los que pueda concurrir vulneración de derechos fundamentales en procedimientos urgentes y preferentes, además de en siete situaciones específicas de los diversos órdenes jurisdiccionales, particularmente el penal, ya detalladas en la instrucción que el Consejo General del Poder Judicial hizo pública el pasado 14 de marzo.

Doreste recuerda a los jueces y magistrados de Canarias que cualquier duda interpretativa respecto a la actual situación puede ser planteada a la presidencia por medio telemático o telefónico, y delega en los jueces decanos y en los presidentes de las audiencias provinciales la aplicación concreta de las normas establecidas por el CGPJ y los turnos necesarios para mantener el servicio público.

Así mismo, el máximo representante del Gobierno de los jueces en las Islas solicita a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias que, “de forma urgente”, proporcione a los integrantes de la carrera judicial los medios de protección para trabajar en las actuales condiciones y “con toda urgencia” a “quienes deben realizar funciones de guardia o trámites presenciales”.

Igualmente, pide al Ejecutivo autonómico -responsable en la dotación de medios a la Administración de Justicia- que de manera inmediata atienda a las peticiones de VPN (red privada virtual) y facilite “cuantos medios sean necesarios a fin de que todos los jueces y magistrados puedan desarrollar su actividad jurisdiccional desde sus domicilios”.