La autoridad judicial ha requerido imperativamente por tercera vez a la empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ayudar a domicilio a las personas dependientes para que, de manera inmediata, suministre a sus trabajadores epis (equipos de protección) y, fundamentalmente, mascarillas.

Ante la alegación de Clece de que es una obligación de “cumplimiento imposible”, el magistrado en funciones de guardia en la jurisdicción social en Las Palmas recuerda que el mismo día en el que la empresa hacía esta alegación, se podía leer en los medios de comunicación cómo el encargado de una importante cadena de supermercados con servicio en las islas anunciaba que había comprado 240.000 mascarillas y que el 30 de marzo las había distribuido entre sus empleados.

Se trata de la tercera ocasión en la que la autoridad judicial requiere a Clece en Las Palmas capital para que suministre los equipos que obliga la ley para asegurar la salud de sus trabajadores: el 19 de marzo aceptó la petición de medidas cautelares planteada por FESP-UGT para obligar a la firma a suministrar equipos; el 23 de marzo le advirtió de que sería multada con 1.000 euros por cada día que no cumpliera lo ordenado, y ahora, en auto fechado a 30 de marzo, rechaza suspender la orden que obliga a tal suministro.