Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
Utilizamos cookies propias y de terceros únicamente para realizar mediciones y análisis estadísticos de la navegación por las diferentes secciones de la página web con la finalidad de mejorar el contenido que ofrecemos. Al hacer click en 'Aceptar todas las cookies', consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo. Para configurarlas o rechazar su uso haga click en el botón 'Configurar Cookies'.
Para más información consulte nuestra política de cookies
Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
Según la Sala, el cierre de locales y la limitación en las terrazas “ni se han demostrado como las causas de la problemática de contagio ni se prevén como las soluciones”
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado la petición de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias para suspender con carácter cautelar la actualización de medidas de prevención establecidas por el Gobierno de Canarias el pasado 19 de junio en referencia a la isla de Tenerife, en concreto el cierre del interior de los locales de hostelería y la limitación al 50% del aforo en las terrazas.
Con carácter cautelarísimo y, por tanto, sin dar trámite de audiencia a la parte demandada, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Santa Cruz de Tenerife expone que, en principio, ni el cierre de los locales de hostelería ni la limitación del aforo en las terrazas “se han demostrado como las causas de la problemática de contagio ni se prevén como las soluciones”.
Añade la Sala que la medida “no resiste el agravio comparativo al interés público reflejado en este caso en el perjuicio económico que se le causa al sector de restauración y hostelería, esencial y estratégico para la supervivencia económica de la Isla, que ha venido sufriendo en estos últimos meses un verdadero calvario causante principal de la pérdida del 13% del PIB a la cabeza de los peores datos entre las comunidades autónomas que conforman el Estado”.
El Tribunal da tres días de plazo al Gobierno de Canarias para que presente las alegaciones que estime oportunas.