El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha aprobado la medida sanitaria contra la propagación del COVID-19 acordada por el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias el pasado 29 de noviembre. Se trata de un sistema de “recompensa”, mediante el cual los responsables de los centros, instalaciones, actividades o espacios de uso público que opten voluntariamente por pedir la acreditación de ausencia de infección activa de COVID-19, podrán incrementar el aforo, número de personas por grupo y horario de cierre. Según la Sala, dicha medida crea “entornos sanitariamente más seguros y con menor probabilidad de transmisión del virus”. 

En un auto notificado esta mañana, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Las Palmas, formada por los magistrados Óscar Bosch Benítez (presidente), María Mercedes Martín Olivera y Lucía Débora Padilla Ramos (ponente), especifica que la acreditación, también voluntaria, se realizará o bien mediante la exhibición de resultado negativo de una prueba diagnóstica, o de vacunación contra la enfermedad, o con la presentación de una acreditación de haberla pasado. 

La resolución, susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo, tiene un mes de vigencia.