La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a 17 años y tres meses de prisión al militar destinado en Fuerteventura que el 23 de octubre de 2016 mató a la mujer con la que mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero, y se quedó con algunas de sus pertenencias.

De acuerdo con el veredicto unánime emitido el pasado 25 de abril por el tribunal popular encargado de enjuiciar el caso, el magistrado Pedro Herrera Puentes, presidente del jurado, ha declarado al acusado culpable de un delito de asesinato por alevosía y de un delito leve de hurto.

Además de la condena penal, la sentencia impone al acusado la obligación de indemnizar a la familia de la fallecida con un total de 100.000 euros.

El fallo declara probado que entre el verano y el otoño de 2016 el acusado
contactó en varias ocasiones con la hoy fallecida, que se dedicaba, expone, a “la prestación de servicios sexuales a terceros a cambio de un precio”, encuadrándose dentro de tal ámbito “la proximidad y relación que hubo entre ellos”.

El 23 de Octubre de 2016, sigue la sentencia, el militar, previo contacto con la víctima, se personó en el domicilio de ésta, y tras mantener una relación sexual, “aprovechó un momento en el que ella, por causa desconocida, se encontraba inconsciente o con pérdida del conocimiento, para trasladar su cuerpo inerte o inactivo hasta el cuarto de baño”, dejándola tirada en la bañera, recapitula el magistrado.

“Seguidamente, el acusado, sabedor de la situación de desprotección y de la previsible falta de reacción de la víctima”, agrega, colocó el cable de la ducha alrededor de su cuello y, “con la finalidad de acabar con su vida, presionó con fuerza hasta provocar su estrangulamiento y finalmente su muerte por asfixia”.

Tras producirse el letal resultado y quedar el cuerpo de Lorena sin vida en la
bañera, el soldado se entretuvo en cortar los cables del router y de línea telefónica y, después de revisar las diferentes dependencias de la casa, salió pasadas las 16 horas de aquel lugar, llevando consigo las sábanas, el móvil de la fallecida y otros efectos.

La sentencia es susceptible de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.