Los órganos judiciales de Canarias se mantienen entre los más eficaces del país pese a operar en el territorio con la mayor litigiosidad de España. La Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) pone de manifiesto que los juzgados y tribunales del Archipiélago resolvieron durante 2025 un 16,6 % más de asuntos por órgano judicial que la media nacional, al tiempo que afrontaron la mayor tasa de litigiosidad del Estado en las cuatro jurisdicciones y continuaron respondiendo a desafíos extraordinarios como la protección integral de la infancia víctima de violencia o las consecuencias judiciales derivadas de la crisis migratoria.

La Memoria -desde hoy disponible en la página oficial del Consejo General del Poder Judicial,  tras haber sido aprobada por la Sala de Gobierno del TSJC el viernes 10 de julio- subraya que el elevado rendimiento de los órganos judiciales canarios no responde únicamente al esfuerzo cuantitativo, sino también a la calidad de las resoluciones dictadas y a la consolidación de modelos de especialización que sitúan a Canarias entre los referentes nacionales en distintos ámbitos jurisdiccionales.

Más eficaces que la media nacional

El análisis comparativo de la actividad judicial refleja que Canarias volvió a situarse por encima de la media española en todos los principales indicadores de resolución de asuntos.

Durante 2025, los 222 órganos judiciales existentes en el Archipiélago dictaron una media de 496,98 sentencias por órgano, un 13,9 % más que la media nacional. También emitieron de media 1.109,61 autos por órgano, un 24,4 % más que la media del conjunto del Estado, así como 419,88 decretos, un 11,5 % más que la media nacional.

En términos globales, los órganos judiciales canarios resolvieron un 16,6 % más de asuntos por órgano que la media española, confirmando una capacidad de respuesta especialmente relevante en un contexto de creciente presión sobre la Administración de Justicia.

La Memoria destaca que este rendimiento se alcanza pese a soportar unas cargas de trabajo superiores a las del conjunto del país y constituye uno de los principales indicadores de la eficiencia del sistema judicial canario.

Canarias continúa siendo el territorio con mayor litigiosidad de España

Otra de las conclusiones de la Memoria es que Canarias mantiene, un año más, el séptimo seguido, la mayor tasa de litigiosidad del país.

En 2025 se registraron 202,06 asuntos por cada mil habitantes, el índice más elevado de todas las comunidades autónomas, como consecuencia de que las Islas lideran igualmente la litigiosidad en las jurisdicciones penal, civil, contencioso-administrativa y social.

En la jurisdicción penal, Canarias alcanzó una tasa de 89,39 asuntos por cada mil habitantes, más de 17 puntos por encima de la media nacional. En la Civil registró 90,69 asuntos, casi 24 puntos por encima del conjunto del Estado. También encabezó la litigiosidad en el ámbito contencioso-administrativo, con 7,22 asuntos por cada mil habitantes, y en la jurisdicción social, con 14,76 asuntos por cada mil habitantes, muy por encima de la media nacional.

La combinación de una litigiosidad extraordinariamente elevada y unos índices de resolución superiores a la media sitúa a la Justicia canaria en un escenario de exigencia permanente que obliga a mantener e incrementar los recursos personales y materiales disponibles.

Consolidación del modelo de protección a la infancia víctima

La Memoria dedica un apartado específico a la actividad desarrollada por el órgano especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, cuya actividad volvió a crecer de forma significativa.

Durante 2025, la Plaza n.º 3 de la Sección de Instrucción de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria registró 1.020 asuntos, un 21,5 % más que el año anterior, consolidándose como un órgano especializado de referencia para la investigación de los delitos cometidos contra menores de edad.

La mayor parte de los procedimientos correspondieron a violencia en el ámbito familiar (452 asuntos) y delitos contra la libertad sexual (402), seguidos de lesiones, abandono de menores, amenazas, acoso escolar, delitos contra la intimidad y trata de menores con fines de explotación sexual. La edad media de las víctimas fue de 12 años, concentrándose especialmente entre los 10 y los 16 años.

El apartado de la Memoria dedicado a la protección de la infancia destaca igualmente el fortalecimiento de la coordinación entre jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad, equipos psicosociales y recursos asistenciales, así como la incorporación de mejoras técnicas destinadas a reducir la victimización secundaria de los menores durante las exploraciones judiciales.

Entre ellas sobresalen la implantación de nuevos sistemas de grabación de declaraciones y la consolidación de programas de acompañamiento mediante terapia asistida con perros para facilitar la comparecencia de los menores en sede judicial. 

11.000 denuncias en Violencia sobre la Mujer 

La violencia sobre la mujer mantiene una elevada incidencia en Canarias.

La Memoria dedica igualmente un análisis específico a la violencia sobre la mujer, un ámbito en el que, pese al ligero descenso registrado durante 2025, Canarias continúa figurando entre las comunidades autónomas con mayor incidencia del país. 

Durante 2025, los órganos judiciales canarios registraron 11.451 denuncias, un 0,5 % menos que en 2024, mientras que en el conjunto de España las denuncias aumentaron un 2,6 %. 

El número de mujeres víctimas también descendió, pasando de 10.787 a 10.326, aunque el año volvió a estar marcado por cinco presuntos homicidios de violencia machista —tres en Gran Canaria, uno en Tenerife y uno en La Gomera, este último en grado de tentativa—. 

Pese a esa evolución, el Archipiélago registró la cuarta tasa más elevada de víctimas de violencia de género de España, con 90,3 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres, solo por detrás de Baleares, Navarra y la Comunidad Valenciana. Durante el ejercicio se contabilizaron 3.082 sentencias condenatorias y 151 absolutorias, mientras que 1.354 víctimas se acogieron a la dispensa legal de declarar contra su presunto agresor, un 12,2 % menos que el año anterior. 

En los juzgados especializados en violencia sobre la mujer se dictaron 2.855 sentencias condenatorias y 144 absolutorias, de forma que el 95,2 % de las sentencias pronunciadas fueron condenatorias. Además, los órganos judiciales acordaron 3.910 sobreseimientos provisionales y 537 sobreseimientos libres, cifras que reflejan el elevado volumen de procedimientos tramitados en esta jurisdicción especializada. 

La Memoria también recoge la actividad desarrollada por las Audiencias Provinciales de Canarias en Violencia sobre la Mujer, competentes para el enjuiciamiento de los delitos más graves. Durante 2025 resolvieron 29 procedimientos por violencia sobre la mujer y aproximadamente dos de cada tres concluyeron con sentencia condenatoria, lo que pone de manifiesto la intensa actividad de los tribunales en la persecución de las manifestaciones más graves de la violencia machista. 

Grave sobrecarga en la jurisdicción contencioso-administrativa

Aunque durante 2025 las llegadas irregulares a Canarias descendieron un 62 %, hasta situarse en 17.788 personas, la Memoria advierte de que la presión sobre la jurisdicción contencioso-administrativa continúa siendo extraordinaria como consecuencia del elevado número de recursos interpuestos en materia de extranjería.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC, con sede en Santa Cruz de Tenerife, especializada en extranjería, acumulaba ya más de 10.000 recursos de apelación, de los cuales el 97 % estaban relacionados con órdenes de devolución de personas migrantes llegadas por vía marítima. Su módulo de entrada de asuntos (el baremo del CGPJ para evaluar la carga de trabajo de un órgano judicial) durante el año pasado se elevó a 509,3%, cuando la carga que se considera normal es del 100%, y más allá del 130% se recomienda estudiar la creación de nuevos órganos. La media nacional del módulo fue de 85,2%, 424 puntos por debajo de la de esta Sala del TSJC.

Al ritmo actual de resolución, advierte la Memoria, serían necesarios cerca de nueve años para eliminar esa bolsa de asuntos pendientes si no siguieran entrando nuevos recursos.

El informe anual recuerda que la Sala de Gobierno impulsó reiteradamente medidas extraordinarias de refuerzo para este órgano, reclamando nuevas comisiones de servicio y planes específicos de resolución, además de promover, en colaboración con la Universidad de La Laguna, un proyecto piloto de inteligencia artificial destinado a agilizar la tramitación de procedimientos repetitivos de extranjería.

Asimismo, el documento pone de relieve las especiales dificultades que continúa afrontando el partido judicial de Valverde (El Hierro), donde la llegada masiva de embarcaciones ha obligado a reclamar mejoras urgentes en medios policiales, forenses y de infraestructuras judiciales.

Necesidad de seguir ampliando la planta judicial

La Memoria concluye que la elevada litigiosidad, el crecimiento sostenido de la actividad judicial y la aparición de nuevas materias altamente especializadas hacen imprescindible continuar reforzando la planta judicial de Canarias mediante la creación de nuevos órganos y el incremento de medios personales y materiales.

El documento advierte de que el esfuerzo realizado por jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios ha permitido mantener elevados niveles de eficacia, pero insiste en que la consolidación de esa respuesta exige nuevas inversiones y una planificación estructural capaz de atender las necesidades presentes y futuras del servicio público de Justicia. 

Balance del presidente 

En la introducción de la Memoria, el presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado hace balance del mandato iniciado en mayo de 2021 y constata el cumplimiento íntegro del programa de actuación con el que fue elegido, circunstancia acreditada por acuerdo unánime de la Sala de Gobierno en su reunión de 8 de mayo de 2026. Entre los compromisos ejecutados figuran el funcionamiento regular y en pleno de la Sala de Gobierno, el fortalecimiento de la transparencia, la gestión eficiente de los asuntos de personal, la reactivación de la Comisión Mixta con el Gobierno de Canarias, la presentación anual de la Memoria ante el Parlamento y los medios de comunicación, el impulso de la formación descentralizada, la implantación del expediente judicial electrónico y la atención constante a las necesidades de planta judicial y medidas de refuerzo. 

El mandato ha coincidido, además, con retos extraordinarios, entre ellos la transformación de los 220 juzgados unipersonales de Canarias en 19 tribunales de instancia, proceso dirigido mediante una supervisión permanente y una estrecha coordinación institucional. También se culminó, por primera vez en la historia del Tribunal, la celebración de sesiones de la Sala de Gobierno en todas las islas del Archipiélago. 

A los objetivos inicialmente previstos se añadieron importantes logros: la gestión judicial de la crisis volcánica de La Palma y de la crisis migratoria; el impulso del Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, convertido en referente nacional e internacional; la unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz; la separación de jurisdicciones y elevación a la de categoría de magistrado/a de las plazas de Puerto del Rosario; la ampliación de la planta y la comarcalización de la violencia sobre la mujer; y la organización del V Centenario de la Real Audiencia de Canarias, bajo la presidencia de honor de Su Majestad el Rey. 

Se destaca, además, el elevado rendimiento de la judicatura canaria, que, pese a soportar la mayor litigiosidad de España, mantiene la cifra más alta de sentencias por juez, excelentes índices de confirmación de resoluciones y tiempos de respuesta en primera instancia inferiores a la media nacional.

La introducción del presidente finaliza así: 

"Concluyo este mandato con la serenidad que proporciona el deber cumplido, con la conciencia tranquila y con la convicción de que las instituciones deben preservarse siempre por encima de las personas que, circunstancialmente, las servimos". 

Quinto centenario 

La portada y contraportada de la presente edición de la Memoria está dedicada al V Centenario de la creación de la Real Audiencia de Canarias por cédula del rey Carlos I el 7 de diciembre de 1526. Las imágenes que se reproducen corresponden a los sellos de la Real Audiencia de Canarias y aparecen publicados en la obra: Santana Rodríguez, Aurelio (1991-1992): «La Real Audiencia de Canarias y su sede», en Estudios Canarios: Anuario del Instituto de Estudios Canarios, La Laguna: Instituto de Estudios Canarios. 

Como en los cuatro año anteriores, la Memoria está elaborada por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias basándose en estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, y el diseño gráfico es obra un año más de Julia María Crespo.