Ante la referencia contenida en el documento de investidura suscrito por PSOE y Junts sobre el lawfare y la judicialización de la política, así como sobre la exigencia de responsabilidades a los jueces según decidan las comisiones parlamentarias de investigación que se anuncian.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, reunida en Pleno, y por unanimidad, en línea con el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y los comunicados suscritos por todas las asociaciones judiciales y de fiscales de España, expresa su más enérgico rechazo a las referencias contenidas en el documento de investidura suscrito por PSOE y Junts sobre el lawfare, la judicialización de la política y el anuncio de comisiones parlamentarias de investigación para depurar las responsabilidades de los jueces. 

El mero enunciado de tal acuerdo —que pone en duda la rectitud e independencia del poder judicial— constituye un ataque frontal a uno de los poderes del Estado y cuestiona las bases de nuestra convivencia. Representa, además, en cuanto se pretenden depurar supuestas responsabilidades de los jueces en sede parlamentaria, una inadmisible injerencia del poder legislativo en las competencias que la Constitución española, como en todos los países civilizados, atribuye, en exclusiva, al poder judicial, al que, precisamente, según se anuncia, el Congreso juzgará. 

Mostramos por ello nuestra indignación ante el documento de investidura y confiamos en que todos los resortes constitucionales y de la Unión Europea actúen para evitar que se consume semejante atentado al estado de derecho.