La magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo da la razón a los ciudadanos que, promovidos por la Unión de Consumidores (UCE), denunciaron de manera conjunta por los 75.000 euros que invirtieron en la salida a Bolsa de la entidad en el verano de 2011.

En la sentencia, que es la primera  de este tipo que se falla a favor de una demanda colectiva en el Principado, la magistrada considera que la imagen de solvencia que el banco trató de reflejar para captar a estos inversores no se correspondía con su situación real.