El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias cree que la denegación del refuerzo económico solicitado al Ministerio de Justicia para la Sección Sétima de la Audiencia Provincial de Oviedo con sede en Gijón, afectará gravemente al servicio que se presta a los ciudadanos

Jesús María Chamorro González está en total desacuerdo con esta decisión, teniendo en cuenta la alta tasa de litigiosidad del Principado, las circunstancias de la propia Sección y que era la la única medida de refuerzo que se había solicitado

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Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro González, conoció en el día de ayer la comunicación recibida desde el Consejo General del Poder Judicial sobre la negativa del Ministerio de Justicia a aprobar a efectos económicos la medida de refuerzo solicitada por la Sala de Gobierno de este Tribunal para la Sección Séptima de la Audiencia Provincial con sede en Gijón.

El presidente quiere poner en manifiesto su más profundo desacuerdo con esta denegación a efectos económicos, pues la Sala de Gobierno, en el acuerdo enviado en su día al Consejo General del Poder Judicial, "exponía la situación en que se encuentra el despacho de asuntos de esa Sección de la Audiencia, por razón de la excesiva carga de trabajo que soporta la Sección solicitando, de acuerdo con lo informado por el Presidente de la Audiencia Provincial, la medida de apoyo".

Esta disconformidad ya se ha puesto en conocimiento del CGPJ, a través de las Vocalías territoriales de Asturias, insistiendo en que la petición se apoyaba en razones e informes que sostenían la solicitud originaria. La Presidencia ha reiterado la solicitud con la total conformidad del presidente de la Audiencia Provincial, pues hay que recordar que esta es la única medida de refuerzo solicitada, "siendo así que el resto de medidas de refuerzo existentes en este territorio están siendo afrontadas con medios propios como Jueces de adscripción territorial o sustituciones profesionales, en un territorio con la tercera tasa de litigiosidad más alta de España".

La negativa a poner en marcha esta medida, “sin duda alguna afectará gravemente al servicio que se presta a los ciudadanos en un órgano judicial que lleva arrastrando desde hace tiempo vicisitudes tan importantes, como licencias de larga duración o el fallecimiento del presidente de la Sección", asegura Jesús María Chamorro.