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La Sala Civil y Penal se declara competente por el aforamiento de la diputada, e incoa las diligencias por prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias contra ella y el resto de los concejales del Ayuntamiento de Aller que votaron a favor de la compra y cesión de unos terrenos al Montepío minero para la construcción de una residencia de ancianos
La Sala Civil y Penal del TSJ de Asturias, una vez recibida la pieza separada del conocido popularmente como Caso Hulla en la que se encuentra investigada la actual portavoz del Grupo Popular en la Junta General del Principado, Teresa M., junto con la exposición razonada elevada por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Oviedo acordando su inhibición por la condición de aforada de la diputada regional, ha declarado su competencia para el conocimiento de la causa.
Asimismo, el tribunal incoa diligencias previas por prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos relatados en la exposición razonada elevada a la Sala y ha nombrado instructor al magistrado Ignacio Vidau Argüelles.
La pieza que ahora instruirá el TSJA afecta a todos los miembros de la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Aller que entre 2008 y 2013 aprobaron la compra y posterior cesión de unos terrenos al Montepío minero para que construyese una residencia de ancianos y que, hasta ahora, formaba parte del conocido como ‘caso Hulla’, instruido por el Juzgado nº 3 de Oviedo y que investiga, entre otras cosas, el enriquecimiento personal derivado de dicha obra por varias personas, entre ellas el exdirigente sindical minero, José Ángel F.V.