Una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que acaba de ser comunicada a las partes, confirma la condena al exdiputado autonómico de IU en Asturias Ángel González Álvarez de siete años de inhabilitación especial como autor de un delito de prevaricación. La misma pena se ratifica para el exalto cargo de la Consejería de Bienestar Social Roberto Moro Tella, como cooperador necesario de la prevaricación. El Supremo rechaza los recursos de casación de ambas personas y confirma íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 6 de mayo de 2014.

La sentencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ahora confirmada en todos sus pronunciamientos, consideró probado que González Álvarez como autor, y Moro Tella como cooperador necesario, siendo el primero viceconsejero de Bienestar Social del Principado, y el segundo secretario general técnico de la Consejería, realizaron un fraccionamiento ilegal del contrato para instalar hitos conmemorativos para señalizar lugares donde se habían localizado fosas comunes en dicha comunidad autónoma en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Para el Supremo, la prevaricación no se les atribuye sólo por la fragmentación del contrato, sino por la combinación de esa fragmentación, para evitar el procedimiento negociado, y la simulación de la presentación de tres presupuestos, encargando todos ellos a un único contratista a quien previamente ya se había decidido adjudicar el contrato, prescindiendo de la posibilidad de que pudiesen presentarse opciones más favorables a los intereses generales.