La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo por el que ordena que se continúe la tramitación de las diligencias abiertas por los trámites del procedimiento abreviado, frente a cinco de los investigados por cinco presuntos delitos de fraude de subvenciones previstos en el art 308 del C.P., y frente a la persona jurídica UGT ASTURIAS, por un presunto delito de fraude de subvenciones. En el mismo auto se acuerda el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones con relación a una fundación viculada al sindicato, ya extinguida, así como el sobreseimiento provisional en con relación a otros dos investigados.

En el auto, que no es firme, la magistrada considera que de las diligencias practicadas se desprende a nivel indiciario que los investigados, responsables del sindicato UGT Asturias: el Secretario General de UGT Asturias a la fecha de los hechos; la Secretaria de Administración de UGT Asturias desde el año 2002 hasta junio de 2013, Administradora y Legal Representante de Infastur desde 2002 hasta diciembre de 2014; el Secretario de Formación desde mayo de 2009 hasta junio de 2013; desde entonces hasta 2006 Secretario Ejecutivo. Responsable de Gestión y Supervisión del Desarrollo de las Acciones Formativas y miembro del Patronato de IFES; la Administradora Única de Localmur desde noviembre de 2001 y Administradora Única de Formación 2020 desde noviembre de 2010; el Técnico Adscrito a la Secretaría de Formación, encargado de la contabilidad del Sindicato y del control y la justificación de las subvenciones concedidas a UGT Asturias; y la encargada de tales funciones en la Delegación Territorial de IFES desde 1998 hasta 2015, al menos en relación a las subvenciones concedidas a UGT Asturias e IFES en los años 2010 a 2014, "actuando concertadamente llevaron a cabo una operativa orientada al desvío de parte de los fondos públicos procedentes de las subvenciones respecto a los fines para los que fueron concedidos, obteniendo beneficios económicos que revertían en la propia organización sindical".

Para la magistrada "dicho desvío fue llevado a cabo mediante diversos subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían las subvenciones concedidas por SPEPA, ocultando a la Administración el sobrecoste en que incurrían en la justificación de los gastos". Para ello según el Auto "se habrían servido de sociedades creadas o controladas por el Sindicato y de empresas afines al mismo, a las que recurrían para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas".