El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ratificado una pena de ocho años y ocho meses de prisión para un hombre que fue declarado culpable de hurto, estafa, amenazas y un delito leve de maltrato de obra contra la mujer que le había dado alojamiento en su vivienda. Asimismo, tendrá que abonar una indemnización de 54.010 euros a la víctima y afrontar una multa de 6.600 euros. Por otra parte, la resolución judicial también impone una condena de un año de cárcel a la pareja sentimental del procesado por haber receptado los bienes que habían sido robados.

La sentencia confirmada relata que, a principios de 2019, la denunciante acogió al acusado en su casa de Gijón de forma gratuita tras saber que no tenía dónde vivir. Durante su convivencia hasta abril de 2020, el acusado le robó varias joyas, algunas de las cuales vendió, mientras que otras se las dio a su pareja para que las vendiera y repartieran las ganancias sabiendo que eran robadas. Además, el hombre intimidó a la propietaria amenazándola con hacerle daño a ella y a sus animales, lo que la llevó a pedir un préstamo de 25.000 euros para él. Debido a la extrema situación económica generada, la mujer vendió su vivienda y depositó el sobrante de 55.731,19 euros en una cuenta bancaria donde él figuraba como autorizado tras obligarla, momento que aprovechó para realizar 46 extracciones en cajeros sin su consentimiento por un total de 54.010 euros.

Los magistrados destacan que el testimonio de la denunciante ha sido constante durante todo el proceso y está respaldado por pruebas objetivas, como los contratos de venta de las joyas sustraídas a nombre del acusado, que incluyen su DNI y fotos de los objetos. Asimismo, señalan que los hechos revelan un plan premeditado: el acusado se acercó a la víctima, una persona influenciable, la convenció para vivir en su casa, la sometió a presiones y amenazas, le robó joyas y la manipuló para pedir un préstamo y controlar su cuenta bancaria, lo que finalmente la condujo a la ruina económica.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.