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La sentencia de la Sección Octava le impone también 16 años de alejamiento de la víctima, 6 más de libertad vigilada y el pago de 30.000 euros por daños morales
La Sala Civil y Penal considera que no ha quedado acreditado que dicho acceso lo utilizara después en perjuicio del demandante para condenarla penalmente, pero remite el testimonio a la Agencia Española de Protección de Datos