Los juzgados asturianos despacharon 166.766 asuntos en 2025, 5.000 más que el año anterior

El presidente del TSJA, Jesús María Chamorro González ha presentado la Memoria del Tribunal

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Comunicación Poder Judicial
El presidente del TSJ del Principado durante la presentación de la memoria de actividad de juzgados y tribunales asturianos
El presidente del TSJ del Principado durante la presentación de la memoria de actividad de juzgados y tribunales asturianos

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro González, ha presentado en rueda de prensa los datos estadísticos de la Memoria de Actividades del Tribunal en el año 2025, indicando que "muestran bien a las claras que el ritmo de despacho de los asuntos, y muy especialmente de la resolución de estos se mantiene en los elevados estándares habituales". Así, en el pasado año ingresaron en los órganos judiciales asturianos 166.766 asuntos, 5.000 más que el año anterior lo que supone un incremento del 3,5%. 

Por órdenes jurisdiccionales, en el orden civil se registraron 74.467 asuntos (un 1,0% más), en el penal 74.278 (un 7,9% más) en el contencioso-administrativo 3.415 (un 0,5% más) y en el social 14.606 asuntos (disminución de un 3,8%). 

La Memoria refleja, por tanto, que todos los órdenes jurisdiccionales, excepto el social, han visto incrementados los asuntos ingresados. 

En cuanto a las resoluciones, en el año 2025, se han dictado 165.008 resoluciones (aumento del 0,5%) de las que 52.289 fueron sentencias (en las que hubo un descenso muy leve del 0,2% respecto a 2024); 72.124 fueron autos finales, un 3,7% más; y 40.595 fueron decretos, un 4% menos que en 2024. 

Por órdenes jurisdiccionales se dictaron 27.341 sentencias, 27.903 autos y 29.387 decretos en el orden civil; 13.321 sentencias, 41.742 autos y 5.342 decretos en el orden penal; 2.661 sentencias, 1.324 autos y 423 decretos en el orden contencioso-administrativo y 8.966 sentencias, 1.155 autos y 5.443 decretos en el orden social. 

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en 2025 fue de 153,70 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas que superaron la media nacional fueron Canarias (202,06); Madrid (166,46); Asturias (162,42); Baleares (160,04); Cataluña (159,56); Andalucía (158,15) y Murcia (156,33). 

En este punto el presidente Chamorro ha destacado que el hecho de ocupar el tercer lugar en esta clasificación de comunidades más litigiosas, "no ha impedido a los órganos judiciales de Asturias evidenciar una excelente capacidad resolutiva manteniendo la pendencia en unos índices moderados". 

Instalaciones y dispersión de sedes en Oviedo 

Un año más la Memoria del TSJA recoge las necesidades de la administración de justicia en esta Comunidad Autónoma. Así, a pesar de que se reconoce el esfuerzo realizado por la Administración, se considera que "las carencias siguen desgraciadamente siendo muy importantes".

Las infraestructuras judiciales y sobre todo la dispersión de sedes en Oviedo siguen siendo uno de los principales motivos de queja del TSJA, porque como ha explicado el presidente "la situación de carencia de medios materiales sigue siendo grave y ya van siendo muchos los años en los que se acumula este problema, lo que no hace otra cosa que intensificar el deterioro de las mismas y la imposibilidad de dar un servicio correcto y adecuado a los ciudadanos". 

"El problema más acuciante y por reiterativo no deja de serlo, continúa siendo el de la gran dispersión de sedes judiciales en el partido judicial de Oviedo", incide el TSJA que recuerda el Plan del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la Universidad de Oviedo y la Tesorería General de la Seguridad Social en orden a que por esta última se cedieran espacios libres en la zona del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias, situado en el barrio del Cristo, para su uso por la Universidad de modo que por ésta se cedieran, a su vez, varios edificios ubicados en la zona de Llamaquique con el fin de poder ser aprovechados por la Administración de Justicia. 

El documento de la Memoria denuncia también, entre otras muchas cosas, que la falta de inversión en infraestructuras y los problemas informáticos impiden ofrecer un servicio público de calidad acorde a los tiempos actuales.