El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la Fiscalía Superior y el Gobierno regional han constituido hoy en el Palacio de Camposagrado, sede del TSJ,la Junta de Expurgo de documentos judiciales, un órgano colegiado que se encargará de decidir la eliminación de los expedientes procesales o su transferencia al Principado, cuando por su valor histórico, jurídico o documental deban preservarse.

La Junta de Expurgo, que fue creada mediante el Decreto 90/2013, de 30 de octubre, en el que se determina su organización, composición y funcionamiento, es un organismo de naturaleza administrativa adscrito a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, el departamento competente en materia de justicia, que aportará los medios materiales y el soporte administrativo y técnico para su funcionamiento. Se ha puesto en marcha con la presidencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Ignacio Vidau, la Jefa de Servicio de Relaciones con la Administración de Justici, Marta Álvarez, como secretaria y tres vocales, el Teniente Fiscal, Joaquín de la Riva, la Secretaria de Gobierno del TSJA, Raquel Martínez y la Directora del Archivo Histórico, Conchita Paredes.

El inicio de la actividad de la junta es una de las acciones previstas para poner en marcha con colaboración entre las distintas instituciones de un Plan de Archivos Judiciales y acometer una actuación integral en los espacios de almacenamiento de juzgados y tribunales.

Como paso previo a esta actuación, en los últimos años se ha trasladado diferente documentación al Archivo Histórico de Asturias. Además, en noviembre de 2017 la Dirección General de Justicia contrató un servicio externo de tratamiento archivístico de los expedientes obrantes en el archivo general de la sede judicial de la calle Concepción Arenal, en Oviedo.

En ese caso, las actuaciones consistieron en la preparación física de la documentación (eliminación de elementos de sujeción, duplicados y escritos no necesarios), y la descripción normalizada de cada expediente en una base de datos, logrando un aprovechamiento racional del espacio y una clasificación de los archivos que mejora los criterios de búsqueda y localización de expedientes.

Con el objetivo de avanzar en esta línea y de cara a la puesta en marcha del Plan de Archivos Judiciales, el Gobierno de Asturias tramita actualmente un contrato externo plurianual, hasta 2019, para la prestación del servicio de recogida, archivo y custodia de fondos documentales de los órganos judiciales, cuyo precio base de licitación se estima en 570.000 euros. Será precisamente la Junta de Expurgo, que se ha formado hoy, la que determine los expedientes que pueden ser destruidos, al haber perdido su utilidad, y cuáles deben ser conservados por su valor histórico o cultural.