El Presidente del TSJ de Asturias pide en la Apertura del Año Judicial un compromiso firme de todas las Administraciones "para que la Justicia no quede lastrada por sus debilidades"
El Acto Judicial solemne se ha celebrado en el Salón del Plenos del Tribunal con la presencia del vocal de la Comisión Permanente del CGPJ Álvaro Cuesta Martínez
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- Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau Argüelles, ha presidido en el Salón de Plenos del TSJA, junto a la Sala de Gobierno, el Acto Judicial Solemne de Apertura del Año Judicial en el Principado de Asturias. A la convocatoria ha asistido el vocal de la Comisión Permanente del CGPJ Álvaro Cuesta Martínez, así como las principales autoridades politicas, civiles y militares de la comunidad, entre ellas el presidente del Gobierno regional, Javier Fernández, el presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, la delegada del Gobierno, Delia Losa y el alcalde de Oviedo, Wenceslao López.
El presidente del Tribunal ha dedico su discurso a ofrecer los datos más importantes de la Justicia asturiana en el año 2017 así como a desgranar las principales fortalezas y debilidades de la Justicia. Entre las primeras no dudó en señalar a consagración de poderes recogida en la Constitución y la indepencia judicial "que se concibe, no como un privilegio de los jueces, sino como una garantía de la división de poderes y de la defensa de los intereses de los ciudadanos". Para Vidau "la importancia que esta plenitud de la independencia judicial tiene en nuestro ordenamiento jurídico, ha de ser valorada y completada con el carácter de totalidad con que la ley dota a la potestad jurisdiccional".
Asimismo destacó en su intervención que "otra fortaleza de nuestro sistema judicial es la alta capacitación de los jueces y magistrados que integran la carrera judicial. El ingreso en la misma por medio de un sistema mixto de oposición libre y concurso entre juristas de reconocido prestigio y una formación permanente de calidad son garantía de una preparación técnica a la altura de las funciones a desarrollar".
Por contra el presidente del TSJA pidió un compromiso firme de todas las Administraciones para que la Justicia no quede lastrada por sus debilidades. Así solicitó que "en la medida que constituye un servicio público de primera magnitud y, al propio tiempo, uno de los tres poderes del Estado, destinado a garantizar el correcto funcionamiento de los otros dos, ha de construirse sobre un consenso lo suficientemente amplio que asegure que, con independencia de quien gobierne en Madrid o en la Comunidad autónoma, se trate de un servicio público esencial como lo pueda ser la sanidad o la educación". En este sentido hizo hincapié en que "la organización actual de la Administración de Justicia es obsoleta y las sucesivas reformas no han conseguido dar respuesta a las demandas y necesidades de una sociedad moderna".
Vidau apostó por "reforzar la imagen de la independencia de los jueces y la credibilidad del sistema, evitando y saliendo al paso de cualquier situación que pueda hacer pensar tanto en una justicia politizada, como en la judicialización de la política", que a su juicio da una imagen de la Justicia " que no corresponde a la realidad tangible, pero sí ha calado en el sentir social".
Además el presidente abogó por establecer las condiciones adecuadas para que la judicatura "pueda desempeñar su función con las debidas garantías en beneficio del ciudadano, lo que pasa por afrontar temas como la salud laboral, los riesgos y enfermedades profesionales, la igualdad de género, la mejora del régimen de sustituciones, el volumen de trabajo y un régimen retributivo acorde con la responsabilidad y categoría profesional del puesto y la función desarrollada".
Ignacio Vidau solicitó que "cualquiera que sea la estructura y funcionamiento de la Oficina Judicial, la mejora de la Justicia asturiana depende en buena medida de la voluntad de la Administración del Principado a la hora de proporcionar esos medios, formar adecuadamente en su utilización a todo el personal de los Órganos Judiciales, incluidos Jueces y Magistrados, y potenciar la extensión de su uso entre el resto de profesionales que colaboran con la Administración de Justicia".
Previamente a esta intervención, la fiscal superior Esther Fernández, ha dedicado su discurso a relatar las principales actividades de la Fiscalía en el Principado durante el pasado año.