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El Ministerio Fiscal acusa a ambos de presentar a la sociedad municipal Audiorama Zaragoza S.A. facturas por la adquisición de material que no respondía a las necesidades del Auditorio
El lunes día 15 de junio a las 10:00 horas comienza en la Audiencia Provincial de Zaragoza un juicio por malversación que sentará en el banquillo a Juan Carlos L. D. R. encargado de mantenimiento la sociedad Aragonesa de Servicios Climatizados S.L. y a José Luis M. O., responsable de mantenimiento de la Sociedad Municipal Audiorama Zaragoza S.A. Un Jurado Popular será el encargado de decidir sobre la culpabilidad de ambos acusados y su responsabilidad en el delito que se les imputa.
El Ministerio Fiscal en su calificación ha solicitado la apertura de juicio oral contra José Luis M. O., a quien acusa de un delito de malversación y contra Juan Carlos L. R. por delito de malversación y falsedad.
La Sociedad Municipal Audiorama Zaragoza S.A., de capital 100% municipal, encargada de la gestión del Auditorio de Zaragoza adjudicó a Aragonesa de Servicios Climatizados S.L. el mantenimiento de las instalaciones desde 2006 hasta 2012 mediante sendos y sucesivos contratos de prestación de servicios.
Para la ejecución de dicho contrato, Aragonesa de Servicios Climatizados S.L. tuvo que subrogó la contratación del personal que ya trabajaba en dichas instalaciones para la anterior contrata. Entre dichos trabajadores se encontraban el acusado Juan Carlos L. R., que pasó a ser el encargado del mantenimiento por parte de Aragonesa de Servicios Climatizados S.L.y el José Luis M. O., responsable de mantenimiento de la Sociedad Municipal Audiorama Zaragoza S.A..
Según el relato del Ministerio Fiscal los dos acusados compartían espacio físico de trabajo en el mismo despacho del Auditorio y con similares funciones y autonomía de gestión.
Desde principios de 2008 los dos acusados, ambos de común acuerdo y con ánimo de enriquecerse a costa del patrimonio municipal de AUDIORAMA, procedieron a elaborar diversas certificaciones sobre la base del importe y determinadas facturas de material que no fue destinado al Auditorio sino al patrimonio de los acusados. En la mayoría de los casos, al elaborar las certificaciones, los acusados o no los hacían constar o hacían constar en las mismas suministros diferentes a los que realmente correspondían, con el fin de no levantar sospechas, puesto que en ocasiones los materiales realmente adquiridos no guardaban relación con las necesidades del Auditorio.